Ciudad de México, 6 ene (EFE).- La organización Amnistía Internacional y el Colectivo Seguridad Sin Guerra condenaron este viernes los hechos de violencia ocurridos desde la madrugada del jueves en varias ciudades del estado mexicano de Sinaloa, donde fue detenido Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán.
También señalaron que la militarización no es ni será la solución para acabar con la inseguridad y violencia en el país.
La detención de Ovidio, apodado “el Ratón”, derivó en una jornada de violencia en Sinaloa, especialmente en Culiacán (capital del estado), Los Mochis, Guasave y Mazatlán, que se saldó con al menos 29 muertos, una decena de militares y 19 miembros del crimen organizado, informó este viernes el Gobierno mexicano.
“Lo que ocurre en Sinaloa es un ejemplo claro de la violencia que viven diversas comunidades en gran parte del país, promovida por la presencia del crimen organizado, que incluso ha tomado el control en diversas ciudades ante la respuesta fallida del Estado (mexicano) para contener a dichas organizaciones delincuenciales”, apuntaron las ONG en un comunicado.
“Vemos con preocupación que la política de militarización implementada no es efectiva para resolver en el largo plazo la crisis de violencia que vivimos”, añadieron.
Y señalaron que “la presencia de elementos (agentes) de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública no ha conseguido disminuir sustancialmente los homicidios, ni ha demostrado proveer protección integral a la población con base en los estándares internacionales de derechos humanos”.
Por el contrario, dijeron, “se ha observado un aumento en la comisión de los delitos perpetrados por la delincuencia organizada contra la libertad personal, así como la extorsión”.
Además, han aumentado las violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, tales como tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales y las instituciones de seguridad civiles han sido gravemente debilitadas.
Las ONG recordaron que en varias ocasiones le han exigido al Gobierno mexicano “poner fin a la militarización de la seguridad pública, e instado a crear una estrategia nacional para lograr el desarme del país, un plan para el retiro progresivo de las fuerzas armadas, y una estrategia efectiva para lograr el cese de la violencia”.
Debido a lo anterior, las ONG exigieron a las autoridades estatales y federales establecer e implementar las medidas urgentes para garantizar, la vida, la seguridad y la integridad de la población en el estado de Sinaloa.
El Ejército mexicano detuvo el jueves a Ovidio Guzmán en el norteño estado de Sinaloa y después lo trasladó al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 Altiplano -conocido también como el penal de Almoloya-, ubicado en Estado de México, donde también estuvo recluido su padre, quien se fugó de ahí en 2015.
La detención sorprendió al ocurrir días antes de la visita a México del presidente estadounidense Joe Biden, con motivo de la Cumbre de Líderes de América del Norte, aunque el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, negó cualquier relación entre los dos hechos.
