La zona turística del Caribe mexicano padece ola de desapariciones

Cancún (México), 1 ago (EFE).- Los principales destinos turísticos del Caribe mexicano, Cancún, Playa del Carmen, Tulum e Isla Mujeres, acumulan 27 carpetas de investigación por desaparición forzada desde 2018 hasta junio pasado, según informa este lunes a Efe Carlos Maya Girón, vicefiscal general de la zona norte del estado Quintana Roo.

Se trata de trabajadores del sector turístico o la construcción, las dos principales actividades económicas de la entidad, que recibe al año, en sus 118.000 cuartos de hotel, más de 10 millones de turistas, que dejan una derrama superior a los 10.000 millones de dólares.

María Esther Barrera ha perdido a tres hijos. El primero, de muerte de cuna, el segundo por una intoxicación, y del tercero no sabe de su paradero, pues en diciembre pasado lo desaparecieron en pleno corazón de la Riviera Maya, donde cada vez son más frecuentes estos casos.

“A los otros dos he tenido el honor de enterrarlos, pero a mi hijo Artemio no”, dice Barrera en una entrevista.

Artemio Lorenzana Barrera, el hijo desaparecido de María Esther, nació en Tecpan de Galeana, en el también turístico estado de Guerrero, en 1968.

En Playa del Carmen, Artemio había conseguido fundar un pequeño negocio de tours.

En una diminuta caseta apostada en la Quinta Avenida, la más transitada del destino, ofrecía paquetes turísticos, pero un grupo criminal le arrebató el negocio, según narra Barrera.

“Lo obligaron a trabajar para ellos, pero él pidió permiso de irse, porque no quiso estar ya ahí. Como al inicio no protestó ni nada, lo dejaron, pero tuvo que pagar para irse”, recuerda Guadalupe Lorenzana, prima de Artemio, también presente en la entrevista.

CASOS SE ACUMULAN

Lo que ocurre en Quintana Roo, en el Caribe mexicano, refleja la crisis de desapariciones en el país, que en mayo pasado rebasó la cifra oficial de 100.000 personas desaparecidas y no localizadas desde que hay registro en 1964.

Ángel de la Cruz es otro joven desaparecido. Originario de Macuspana, Tabasco, Ángel llegó a Quintana Roo para trabajar como ayudante de albañil en las obras de un lujoso resort en la zona continental de Isla Mujeres.

El 15 de junio de 2020 se presentó a trabajar y el sábado siguiente fue levantado por unos sujetos porque el contratista de la obra les debía dinero, cuenta Vicente de la Cruz, padre de De la Cruz.

“Fue para presionar al contratista”, relata el padre.

Lo mataron y arrojaron su cuerpo, junto a otros cuatro, a un costado del hotel, en una de las primeras fosas clandestinas conocidas del Caribe mexicano.

El crimen organizado controla obras de construcción en la zona conocida como Isla Blanca, según James Tobin, representante ciudadano del Consejo Nacional de Seguridad.

Tobin explica a Efe que los grupos criminales infiltran a uno de sus miembros en la obra para obtener información sobre los contratistas, personal y sobre los “dueños de la plaza”.

Los delincuentes extorsionan a albañiles, carpinteros y demás obreros con cuotas que oscilan entre los 300 y 500 pesos (entre 15 y 25 dólares), mientras que los contratistas deben pagarles “derecho de piso” (cobro forzoso del crimen organizado).

Óscar Carlos Inacua decidió dejar el trabajo que tenía como plomero en el mismo resort que Ángel y consiguió emplearse en las obras un lujoso hotel en la carretera 307 en Cancún. Pero un día de febrero de 2021, Óscar entró a la obra y de él no se supo más.

“Él llevaba muy poquito trabajando ahí. Entró a trabajar y ya no volvió a salir. Fue 11 de febrero. En resumidas cuentas no hay nada. Nosotros fuimos a denunciar y nos decían ‘sí, no se preocupen, vamos a investigar’. Ha pasado más de un año y no nos resuelven nada”, cuenta Lizbeth, su hermana, quien detalla que su hermano desapareció junto con otro trabajador.

ESCASOS RECURSOS

En medio de esta crisis, la Secretaría de Gobernación (Segob) aportará 15,8 millones de pesos (unos 790.000 dólares) para reforzar la búsqueda de personas en Quintana Roo este año, a través de la Comisión de Búsqueda de Personas estatal, lo que es 2,2 millones de pesos (cerca de 110.000 dólares) menor a lo otorgado en 2021.

“Es inaceptable y se debe a la falta de resultados de la Comisión de Búsqueda Estatal, que no realizan su tarea”, criticó Ludovico Zamora, vocero de Verdad, Memoria y Justicia, colectivo fundado hace poco más de un año, compuesto de familiares de desaparecidos.

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