Washington, 16 dic (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), volvió a condenar este viernes la violencia en las protestas de Perú e hizo un llamamiento al diálogo “a todas las personas involucradas”.
“En los últimos días de las protestas, la Defensoría del Pueblo ha registrado 21 personas fallecidas y 210 heridas a causa de las manifestaciones”, explicó la oficina en un comunicado, en el que aseguró que “estos números representan un crecimiento vertiginoso en comparación con los días anteriores”.
La CIDH recordó también que ha aceptado la petición formal del Gobierno peruano de realizar una visita al país “preparatoria de una visita de trabajo por parte de integrantes de la Comisión en enero de 2024”.
Según anunció el organismo esta mañana, la visita preparatoria se realizará entre los días 19 y 21 de diciembre.
“La CIDH condena enérgicamente todo acto de violencia e insta al Estado a adoptar las medidas necesarias para que los hechos de violencia que han resultado en graves afectaciones a la vida e integridad de las personas sean investigados de manera pronta”, dijo el órgano este viernes.
Hace tres días, cuando solo se contaban tres fallecidos en los disturbios, la CIDH emitió un comunicado junto a su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) condenando las protestas y pidiendo al Estado y a los manifestantes sostener un diálogo.
Las protestas comenzaron poco después de que el ya expresidente Pedro Castillo fuera destituido por el Congreso luego de que dictara la disolución del Parlamento, anunciara la conformación de un Ejecutivo de emergencia, que iba a gobernar por decreto, convocara a una asamblea constituyente y reorganizar el sistema de justicia.
La nueva presidenta, Dina Boluarte, ha propuesto al Congreso adelantar las elecciones generales a diciembre de 2023 para atajar las protestas desatadas tras la destitución de Castillo, quien ha denunciado ser víctima de un golpe de Estado.
El jueves, Boluarte decretó un estado de emergencia ante el aumento de la violencia en las protestas.
