Miami, 26 ene (EFE).- La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) y Amavex-Asociación Multicultural de Activistas “Voz y Expresión” rechazaron la que denuncian postura de Florida de apoyar una demanda contra el plan del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de conceder 30.000 visados humanitarios a migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
“La decisión del gobernador -del estado de Florida- Ron De Santis es completamente incongruente a sus discursos en contra del comunismo y totalitarismo. Bloquear el ‘Parole’ humanitario afecta a las víctimas de los regímenes comunistas de Cuba, Nicaragua y Venezuela”, señala un comunicado divulgado este jueves en Miami por ambas asociaciones.
El comunicado subraya que resulta ilógico que un gobernador republicano como DeSantis, que tiene las comunidades más grandes de exiliados cubanos, nicaragüenses y venezolanos en su estado, “intente bloquear una medida que ayuda a estas nacionalidades y favorecen una migración organizada hacia los Estados Unidos”.
Subraya que la medida “busca justamente detener el desastre que se ha generado en los últimos años con la llegada de inmigrantes a la frontera”, a juicio de las dos organizaciones “una situación que mostró precisamente la poca capacidad que tenía el departamento de inmigración para evaluar y chequear a quienes están entrando”.
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El comunicado de las organizaciones llega después de que este martes los fiscales generales de veinte estados de EE.UU. presentaran una demanda contra el plan del Gobierno de Biden de conceder 30.000 visados a migrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
En su denuncia, liderada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, los demandantes argumentan que ese plan permitirá la llegada de cientos de miles de migrantes a zonas de EE.UU. que ya están “sobrecargadas”.
“No tiene sentido que lo partidista se imponga por encima de la lógica y mucho menos de la ayuda de los más necesitados, víctima del comunismo en el continente”, subraya el comunicado de las asociaciones.
“Reiteramos nuestro rotundo y contundente rechazo hacia esta acción que viene en perjuicio precisamente de comunidades dentro de las que se encuentran una parte sociedad civil que representamos”, concluye el comunicado, que firman los presidentes de Veppex, José Antonio Colina, y de Amavex, Helen Villalonga.
La demanda contra la que se pronuncian las organizaciones está suscrita por los fiscales de estados como Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas y Kentucky, entre otros, y está dirigida contra el DHS y su titular, Alejandro Mayorkas, así como contra las agencias federales encargadas de velar por la seguridad fronteriza y de regular el flujo migratorio, y sus responsables.
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) de EE.UU., encargado de la política migratoria, publicó este miércoles que la llegada irregular a Estados Unidos de cubanos, haitianos y nicaragüenses descendió en enero un 97 % respecto a diciembre, periodo en el que comenzó a implementarse una política que permite expulsar directamente a México a los nacionales de esos tres países.
Los datos de enero del DHS son preliminares y recogen solo el número de migrantes detenidos al cruzar la frontera y no aquellos que logran entrar a territorio estadounidense sin ser detectados por las autoridades.
Para calcular ese descenso del 97 %, las fuentes compararon los datos de la semana del 11 de diciembre del año pasado, cuando cada día se registró una medida de 3.367 detenciones, con otros siete días de enero, en los que hubo 115 arrestos por jornada.
