Ciudad de México, 25 oct (EFE).- La familia de Anastasio Hernández Rojas, migrante mexicano asesinado por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en mayo de 2010, exigió este martes justicia por el caso, que se revisará en una audiencia el próximo 4 de noviembre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Queremos justicia, queremos un poco de paz en nuestro corazón”, dijo María Puga, viuda de Anastasio, en conferencia de prensa en el Museo de Memoria y Tolerancia de Ciudad de México.
De acuerdo con su relato, autoridades estadounidenses sorprendieron a Hernández Rojas mientras cruzaba de forma irregular el 28 de mayo de 2010 y lo llevaron a una estación de la Patrulla Fronteriza.
Allí, un agente lo pateó y mientras lo deportaban por el puerto de entrada de San Ysidro, California, los funcionarios federales lo golpearon, lo inmovilizaron con las rodillas y le dispararon con una pistola eléctrica mientras yacía en el suelo esposado, según los documentos judiciales.
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Cuando llegó al hospital, tenía muerte cerebral y falleció días después.
La familia y sus abogados afirman que los dos informes de la autopsia determinaron que fue un homicidio.
ABUSO EN EE.UU. CONTRA MIGRANTE
Roxanna Altholz, codirectora de la Clínica Legal Internacional de Derechos Humanos de UC Berkeley y abogada en el caso, aseveró que al revisar la investigación penal encontraron rastros de que la Patrulla Fronteriza alteró las pruebas que incriminaban a los agentes.
“Encontramos rastros, huellas de grupos clandestinos de encubrimiento que maneja la Patrulla Fronteriza, borraron videos, intervinieron en la autopsia, alteraron documentos, no preservaron pruebas físicas, manejaron mal la evidencia y actuaron con el fin de obstruir (la) Justicia”, denunció en la conferencia.
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Afirmó que la narrativa oficial fue que Anastasio era el agresor y los agentes las víctimas.
“A dos años de la muerte de Anastasio salió un video grabado por testigos que muestra a Anastasio en el suelo, boca abajo, mientras los oficiales lo golpeaban y daban choques eléctricos. No hubo resistencia o agresión por parte de Anastasio”, insistió.
Andrea Guerrero, directora ejecutiva de Alliance San Diego y abogada en el caso, recordó que a pesar de las evidencias en 2015 las autoridades cerraron el caso, por lo que la familia lo llevó a la CIDH en 2016, que no lo admitió hasta 2020.
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Ahora esperan que en la audiencia del 4 de noviembre se determine que fue un asesinato.
CASO EMBLEMÁTICO
Guerrero dijo que la CIDH deberá determinar si los funcionarios estadounidenses utilizaron el poder del Estado para matar a Anastasio, encubrir el crimen y negar a su familia el acceso a la justicia.
La abogada lamentó que la petición de revisión del caso se hizo durante el Gobierno de Donald Trump, pero no han visto diferencia con la Administración de Joe Biden.
“No hemos visto ninguna diferencia en respuesta del Gobierno, pues sostienen que se hizo justicia a pesar de que nunca rindió cuentas ningún agente”, lamentó.
Carlos González, cónsul general de México en San Diego, afirmó que el Gobierno mexicano se opone al uso excesivo de la fuerza al detener a cualquier persona, independientemente de su estatus migratorio.
“Que este trágico acontecimiento sirva para recordarnos que el uso excesivo de la fuerza no es aceptable en ningún contexto y bajo ninguna circunstancia”, puntualizó.
Finalmente aseguraron que buscarán que el caso marque un precedente sobre el abuso policial en Estados Unidos, pues es el primer caso de este tipo que llega a la CIDH.
“No descansaremos hasta que el nombre de Anastasio sea sinónimo de justicia”, aseveró Andrea Guerrero.
