San Juan, 29 ene (EFE).- La Unión Americana de Libertades Civiles de Puerto Rico (ACLU-PR) y diversas organizaciones políticas y sociales de la isla urgieron este miércoles al Gobierno puertorriqueño a tomar medidas y defender los derechos humanos de los migrantes, ante la política migratoria de Donald Trump.
“Decidimos formar este frente para la crisis humanitaria que han generado las ordenes implantadas por el presidente Trump en enero de 2025 y para exigir que el Gobierno de Puerto Rico proteja los derechos humanos de nuestra población”, explicó Annette Martínez, directora ejecutiva de la ACLU-PR, en una rueda de prensa en el Colegio de Abogados de San Juan.
Esta conferencia se llevó a cabo después de que, debido a la política de migración del líder republicano, las autoridades federales en la isla realizaran operativos y detuvieran a varios dominicanos indocumentados.
En este contexto, Martínez hizo hincapié en que “ninguna persona es ilegal” y que “cruzar una frontera no convierte a una persona en un delincuente”, por lo que todas las personas deben ser “tratadas con dignidad y respeto”.
“Esta obligación de proteger se extiende a toda la población migrante, tengan documentos o no. Así que nosotros como frente estamos exigiendo que en Puerto Rico, aunque parezca loco, este es el momento del Gobierno de Puerto Rico de adoptar una política clara de adopción de la población migrante y de sus familias”, clamó Martínez.
Por su parte, la activista Hilda Guerrero, cofundadora de la organización Comuna Caribe, subrayó que “las personas migrantes son profetas de cambio” y criticó “las políticas de terror” que obligan a los migrantes de Puerto Rico a “vivir con miedo”.
Asimismo, Marcos Santana, presidente de la Red por los Derechos de la Niñez y Juventud en Puerto Rico, denunció que “muchos niños y niñas se ausentaron de las escuelas” por la política migratoria de Trump.
Por ello, Santana solicitó a las autoridades que velen por los derechos de los menores y rogó que no se realicen “intervenciones en las escuelas, centros de cuido e iglesias”.
Las calles y negocios de zonas como Barrio Obrero en San Juan, epicentro de la comunidad dominicana en la isla y blanco de las redadas, están vacías debido al miedo a ser detenidos de los migrantes, muchos de los cuales no se han presentado en sus trabajos.
La coordinadora general del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera, dijo por otro lado que “el perfil racial” va a ver en los puertorriqueños “personas sospechosas”.
“Vamos a seguir viendo personas detenidas en Puerto Rico por puro racismo, xenofobia y por toda esta discriminación y con toda esta visión en contra de la diversidad, la equidad y la inclusión”, señaló Rivera.
Varias organizaciones como Ayuda Social Puerto Rico, Abogados de Inmigración de Puerto Rico y Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico han puesto a disposición de los migrantes abogados para brindar ayuda tras las redadas efectuadas por el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés).
