Los Ángeles, 15 jun (EFE).- Las senadoras demócratas Dianne Feinstein y Catherine Cortez Masto solicitaron este jueves al gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que mejore la implementación del programa de visas T, que ampara a los inmigrantes víctimas de trata de personas.
En una carta dirigida al Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), las legisladoras por California y Nevada, respectivamente, aseguraron que el programa de visas T ha sido “subutilizado” desde que se introdujo en el año 2000.
También subrayaron que durante la Administración del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021) aumentó el número de rechazos a los solicitantes de esta visa, que da un camino a la residencia permanente.
Aunque las senadoras reconocieron que el gobierno demócrata de Biden ha hecho algunos avances en cuanto a la adjudicación de visas T, hoy alentaron al USCIS “a tomar medidas adicionales para mejorar la eficiencia y la transparencia del programa”.
La visa T está dirigida a sobrevivientes de la trata de personas que estén dispuestos a ayudar a la policía y las autoridades en las investigaciones de este delito.
Según datos de USCIS, la agencia recibió 25.960 solicitudes de visas T entre el año fiscal 2008 y 2021, de las cuales se aprobaron 17.410.
En un informe de 2022, USCIS reconoció que “el número de solicitudes presentadas ha aumentado constantemente a lo largo de los años, de 710 solicitudes en el año fiscal 2008 a 2.780 en el año fiscal 2021”.
En el año fiscal 2018, USCIS recibió la mayor cantidad de solicitudes (2.930), según datos hasta 2021.
En su carta, las demócratas advirtieron que los inmigrantes esperan aproximadamente 18 meses para conocer una decisión final sobre sus casos, y en este tiempo no pueden trabajar. Por ello, solicitaron que se les otorgue a esas personas un permiso de trabajo mientras esperan, como se hace con otros programas.
También pidieron más capacitación para los oficiales de inmigración que revisan las solicitudes de visa T y que se amplíe la comunicación entre USCIS y las autoridades de deportación para evitar la expulsión de extranjeros que tengan casos pendientes en este programa.
