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Los Ángeles, 2 ago (EFE).- Líderes comunitarios y grupos religiosos y de derechos humanos que se aprestan a recordar este miércoles a las 23 víctimas fatales del tiroteo de El Paso (Texas) de 2019, en su mayoría latinos, denuncian que desde entonces persisten aún estas matanzas sin un control a los fusiles semiautomáticos en el país.
Los grupos además denunciaron este martes que persiste también el supremacismo blanco, la xenofobia y la agenda antiinmigrante.
Como parte del evento, que tendrá lugar en El Paso, habrá una procesión en la que miembros de las organizaciones participantes y de la comunidad portarán cruces para representar a las 23 vidas perdidas el 3 de agosto de 2019 cuando Patrick Crusius disparó contra personas desarmadas en una tienda Walmart de la ciudad.
“La masacre de El Paso ocurrió como resultado de las débiles leyes de control de armas así como de la difusión de retórica de odio, supremacismo blanco y xenofobia contra inmigrantes de color y minorías”, afirmó la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR), una de las organizaciones participantes.
Añadió que Crusius “pretendía detener lo que la narrativa antiinmigrante ha denominado ‘invasión hispana’ de Texas, causando uno de los ataques más letales contra las comunidades latinas”.
La agrupación indicó que Crusius compró un rifle semiautomático de conformidad con las actuales leyes sobre armas, “las mismas leyes que permitieron a los tiradores de Buffalo, Uvalde y Highland Park comprar legalmente este año rifles semiautomáticos para realizar sus ataques”.
Los participantes portarán además cruces adicionales en memoria de los 53 migrantes que murieron este años por el calor sofocante en un tractocamión en San Antonio (Texas), y los que perecieron ahogados en los canales de El Paso “como resultado de la Operación Estrella Solitaria del gobernador Greg Abbott”, añadió la BNHR.
El acto se efectuará en medio de las denuncias de familiares de las víctimas de Uvalde, en su mayoría latinas, contra las autoridades de Texas por la demora para detener al agresor armado.
Además, el lunes pasado una coalición de organizaciones periodísticas demandó al Departamento de Seguridad Pública de Texas por la retención de registros sobre el tiroteo de la Escuela Primaria Robb en Uvalde, donde murieron 19 alumnos y dos maestras el pasado 24 de mayo.
La demanda afirma que la policía estatal ha retenido ilegalmente registros, incluyendo grabaciones de cámaras corporales y comunicaciones de emergencia durante la matanza.
Más de una docena de organizaciones presentaron la demanda en la corte estatal de distrito en el condado de Travis.
Entre los demandantes están entre ellas el periódico The Texas Tribune, su socia ProPublica y otros medios locales, estatales y nacionales que previamente han solicitado infructuosamente información sobre la respuesta de las autoridades al tiroteo.
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