San Juan, 30 oct (EFE).- Puerto Rico anunció este domingo un acuerdo que permite a cada agencia fiscalizar el deber de los patronos de cumplir con el requisito de promulgar protocolos que controlen la violencia doméstica y el manejo de casos de hostigamiento sexual en el trabajo.
Para ello, el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Gabriel Maldonado, y la procuradora de las Mujeres interina, Madeline Bermúdez, firmaron el tratado para aunar esfuerzos y reducir este tipo de situaciones laborales.
“Todo patrono está en la obligación de proteger a sus empleados, fomentando ambientes de trabajo seguros y que cuenten con las guías requeridas para canalizar situaciones que puedan poner en riesgo a sus trabajadores, así como quienes visitan su empresa”, precisó Maldonado en un comunicado.
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Esta alianza estará vigente hasta el 30 de junio de 2025 y pretende fortalecer los esfuerzos de prevención e intervención en casos de violencia doméstica y hostigamiento sexual en el empleo.
En cumplimiento con la reciente aprobación de la Ley número 82-2022, que enmendó la Ley número 17 de 22 de abril de 1988, se prohíbe el hostigamiento sexual en el empleo en Puerto Rico.
Conforme a la nueva ley, los patronos privados deberán adoptar el Protocolo Modelo de Prevención y Manejo de Casos de Hostigamiento Sexual publicado por el DTRH o adoptar uno igual o superior a los estándares mínimos establecidos.
“Con este acuerdo fortalecemos los esfuerzos de la lucha en contra de la violencia a la mujer en todos los escenarios, al tiempo que promulgamos política pública para su empoderamiento personal y laboral”, agregó Bermúdez.
El acuerdo colaborativo establece que la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico (PR OSHA, en inglés), adscrita al DTRH, tendrá que velar por el cumplimiento de la promulgación de ambos protocolos por parte de los patronos.
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De hecho, PR OSHA entregará material didáctico provisto por la Oficina de la Procuradora de la Mujeres (OPM) y coordinará junto a la Procuraduría asistencia técnica para la elaboración de los protocolos y dará un término a los patronos.
Si se incumple el establecimiento de dicho protocolo podría desembocar en multas administrativas.
Como parte del proceso de fiscalización, el DTRH suministrará trimestralmente un informe a la OPM sobre patronos inspeccionados y su estatus de cumplimiento.
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Anualmente, el DTRH recibirá datos actualizados sobre las acciones tomadas por la OPM para asegurar el cumplimiento de dichos protocolos.
“Estaremos activos orientando a patronos y empleados sobre los protocolos requeridos por ley, cuyo fin es asegurar el cumplimiento con la legislación protectora del trabajo y otras leyes promulgadas en beneficio de nuestra ciudadanía”, concluyó Maldonado.
