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Washington, 15 ago (EFE).- Un grupo de abogados y periodistas presentó este lunes una demanda contra la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense y su exdirector Mike Pompeo por espiar supuestamente sus conversaciones con el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, mientras estaba asilado en la Embajada de Ecuador en Londres.
La demanda se presentó en el Distrito Sur de Nueva York esta mañana y alega que Pompeo -que dirigió la CIA entre 2017 y 2018, antes de ser nombrado secretario de Estado por Donald Trump-supervisó y dirigió “una campaña extraordinaria de espionaje ilegal a los abogados de Assange y otras personas dentro de la embajada”, según apuntaron los denunciantes en un comunicado.
“Demandamos en nombre de varias personas que fueron a la Embajada ecuatoriana para visitar a Julian Assange y, sin que ellos lo supieran, todos sus equipos fueron fotografiados y sus conversaciones fueron grabadas por una empresa bajo la dirección de Mike Pompeo”, aseguró en una conferencia de prensa posterior Richard Roth, abogado a cargo de la denuncia.
Assange se encuentra desde abril de 2019 internado en una prisión británica. Las autoridades estadounidenses acusan al australiano de una veintena de delitos por las informaciones y documentos que filtró en su portal WikiLeaks, en los que expuso los abusos cometidos por las tropas estadounidenses en las guerras de Irak y Afganistán.
Entre 2012 y 2019, Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres, hasta que en abril de ese año lo arrestaron por una orden de extradición de Estados Unidos, después de que el Gobierno de ese país latinoamericano le retirara la condición de asilo político.
Es allí donde se produjeron las presuntas escuchas, en las que estuvo supuestamente involucrada una empresa española, Undercover Global, responsable de la seguridad privada de la embajada. La empresa y su propietario, David Morales, aparecen también como demandados.
Como insistió Roth, la Constitución de los Estados Unidos “protege a los ciudadanos estadounidenses de la extralimitación del gobierno, incluso cuando las actividades se llevan a cabo en una embajada extranjera en un país extranjero”.
Según explicó este lunes Deborah Kerbeck, una de las demandantes, ella acudió varias veces a la embajada “para discutir asuntos legales delicados”.
“A la llegada había un protocolo estricto para la protección de Julian. Nos pidieron que los pasaportes, teléfonos celulares, cámaras, ordenadores portátiles, dispositivos de grabación y otros equipos electrónicos fueran entregados a los guardias de seguridad en el vestíbulo”, detalló.
Ahora, gracias a la investigación que está llevándose a cabo en España a manos del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, han podido descubrir lo que sucedió al implementar ese presunto protocolo de seguridad.
“Fue en este momento cuando desarmaron nuestros teléfonos, quitaron y fotografiaron las tarjetas SIM y descargaron datos de nuestro equipo electrónico”, agregó Kerbeck.
El propio juez Pedraz ha pedido a las autoridades estadounidenses poder interrogar como testigo a Pompeo.
Entre los demandantes está la reconocida activista de derechos civiles y abogada de derechos humanos Margaret Ratner Kunstler y los periodistas de seguridad nacional Charles Glass y John Goetz.
La denuncia interpuesta tiene la motivación de “proteger su derecho constitucional fundamental a estar libres de registros e incautaciones irrazonables”, algo que marca “la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”, recordaron los denunciantes en el comunicado.
Los funcionarios de la administración Trump, añadieron, llevaron a cabo “una campaña sin precedentes contra WikiLeaks a partir de 2017”.
“Algunos altos funcionarios dentro de la CIA y la administración Trump incluso discutieron el asesinato de Assange, llegando a solicitar opciones sobre cómo asesinarlo”, apunta el comunicado.
En la rueda de prensa estuvo presente Nathan Fuller, del comité de Defensa de Assange, quien explicó que aunque están “luchando contra esa extradición”, se está “construyendo”, al mismo tiempo “una red de apoyo en caso de que finalmente sea extraditado”.
“Queremos educar al público sobre los peligros que la acusación representa para todos nuestros derechos básicos, para nuestros periodistas, para el derecho a publicar algo de interés público y para nuestro propio derecho a saber lo que nuestros gobiernos están haciendo en nuestro nombre”, añadió.
El exhácker, cuyo portal también reveló cientos de miles de cables diplomáticos confidenciales de Gobiernos de todo el mundo, afronta una condena en Estados Unidos de 175 años de cárcel.
La batalla legal de Assange comenzó en 2010 cuando desde Suecia fue acusado por supuestos delitos sexuales, una acusación que derivó en un arresto domiciliario y su asilo en la embajada de Ecuador en Londres entre 2012 y 2019.
Cuando se archivó la causa de Suecia, pasó después a la prisión británica de Belmarsh, tras ser aprehendido de nuevo a petición de Estados Unidos.
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