Miami, 7 jul (EFE).- Organizaciones de derechos humanos consideran improbable que vayan a producirse a corto plazo manifestaciones antigubernamentales en Cuba como las del 11 de julio de 2021, dado que el Estado cubano “ha incrementado sus herramientas de control social y físico” desde entonces. “Son especialistas en el efecto inhibitorio”, dijo este jueves a Efe Laritza Diversent, directora ejecutiva de la organización Cubalex, quien pronostica que el próximo 11 de julio el Gobierno cubano “sacará más policías a la calle” y cree que si llegara a haber alguna protesta, podría producirse “violencia” de ambas partes. Diversent, que está asilada en EEUU, hablo así en el marco de la presentación de un informe de Cubalex y Justicia 11J en el cual se destaca que tras las protestas del 11J se produjeron al menos 1.484 detenciones documentadas, de las que 1.297 han podido ser verificadas por medio de testimonios o documentos de la Fiscalía y de las cortes cubanas. Según el documento, hasta ahora un total de 701 personas, de edades entre 12 y 68 años, siguen detenidas en las cárceles cubanas por el 11J. La activista dijo que muchos familiares de los detenidos durante las protestas pacíficas de hace un año, surgidas de forma espontánea debido a la crisis económica en la isla y a la respuesta oficial frente a la pandemia de la covid, ahora prefieren mantenerse en silencio tras ser “hostigados” por las fuerzas de seguridad cubanas. Aludió además al nuevo código penal cubano que incrementa las penas y sanciones para quienes “ejerzan su derecho al disenso”, además de criminalizar las expresiones de protesta publicadas en internet, para lo que el estado cubano cuenta con mecanismos de seguimiento. Todo ello hace improbable que el próximo 11 de julio, fecha en la que el exilio cubano de Miami ha convocado una serie de actividades, se produzca en Cuba otra gran protesta masiva, de acuerdo con la activista, que está asilada en EE.UU. MILES DE DETENIDOS Y JUICIOS SIN EL DEBIDO PROCESO De acuerdo con el informe, hasta ahora 622 personas han sido juzgadas acusadas en su mayoría de desorden público, desacato, atentado y sedición, entre otros delitos. El informe además da cuenta de al menos 36 personas detenidas que padecen enfermedades crónicas (epilepsia, cáncer, hipertensión, entre otras), discapacidad física o mental, o que reciben tratamiento psiquiátricos. De ellas, 26 han sido juzgadas y sentenciadas con penas de hasta 22 años de privación de libertad. Diversent dijo que han tenido informaciones de casos de intento de suicidio dentro de las cárceles, donde además de estar bajo “deplorables” condiciones los detenidos son sometidos a hostigamientos y torturas. Alessandra Pinna, directora de programas de América Latina y el Caribe de la organización Freedom House, uno de los coordinadores de la teleconferencia de hoy, llamada “#SOSCuba: Un Año Sin Justicia”, alertó que el incremento de “detenciones arbitrarias” tras el 11J pueda haber sobrepasado la infraestructura carcelaria en la isla. Insistió por ello que las autoridades cubanas deben atender el reclamo de la comunidad internacional para que las organizaciones independientes puedan visitar las cárceles a fin de “monitorear la situación”. Pinna aseveró en unas declaraciones a Efe que tras las marchas de hace un año ahora en la isla hay “un esquema de represión generalizada” y muchos activistas han sido detenidos o han debido exiliarse. “El costo político es cero”, se lamentó la directiva de Freedom House, al recordar que Cuba actualmente es uno de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la vez que la comunidad internacional no ha respondido con la misma magnitud que cuando se trata de Venezuela o Nicaragua. “Queremos escuchar más alto las críticas de las democracias”, reclamó. DOBLE ESTÁNDAR DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL La Fiscalía General de Cuba ha emitido 76 sentencias en firme contra 381 personas por las protestas del 11J, pero los familiares de los condenados y ONGs han criticado estas acciones, alegando falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas. Pinna señaló que estos juicios han sido a puertas cerradas y sin el debido proceso, incluido en los casos de menores de 16 años, además de que algunas misiones diplomáticas no pudieron observar los procesos judiciales como lo habían solicitado. Ante todo ello, la reacción de la comunidad internacional en su conjunto no ha sido la esperada, dijo. “Hay un doble estándar en comparación con Venezuela y Nicaragua, a las que se llama públicamente dictaduras”, criticó Diversent, quien lamentó que no se produjeran las mismas reacciones y calificativos cuando, por ejemplo, se aprobó el nuevo código penal cubano. Se refirió al “tibio rol” de la Organización de Estados Americanos (OEA), que tras la aprobación del nuevo código penal en Cuba no ha emitido una resolución en la que condene la situación de los derechos humanos en Cuba y agregó que esta organización no aplica el mismo estándar con Cuba que con Venezuela y Nicaragua. “En el 11J estaba clara la demanda del pueblo cubano de más comida, más medicinas, una mejor respuesta a la Covid, pero entendemos que eso es por la falta de libertad y la ausencia de una rendición de cuentas”, manifestó. La teleconferencia contó también con la participación de Gerardo Berthin, vicepresidente de programas internacionales de Freedom House; Erika Guevara Rosas, directora de Americas de Amnistía Internacional; Juan Pappier, investigador de Human Rights Watch; y Salomé García Bacallao, coordinadora y cofundadora de Justicia 11J.
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