Ciudad de México, 23 ene (EFE).- Los opositores Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) impugnaron este lunes la reforma electoral del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al considerarla inconstitucional.
Concretamente, el PAN presentó acciones de inconstitucionalidad ante dos leyes reformadas por el conocido “Plan B” de López Obrador: la relativa a la propaganda gubernamental y la de responsabilidades administrativas, aseguró el partido en un comunicado.
Por su parte, el PRD también impugnó la ley de responsabilidades administrativas, así como la de comunicación social.
“Como demócratas, cumplimos con la presentación de la acción de inconstitucionalidad contra el ‘Plan B’ en materia electoral”, dijo el PRD, de centro izquierda, en un mensaje en Twitter.
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, adelantó que a lo largo de la semana presentarán más acciones de inconstitucionalidad a título del Congreso, el Senado y de los alcaldes, quienes aseguraron que también se ven afectados por la reforma.
El dirigente panista afirmó que el Gobierno de López Obrador y su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), pretenden con la reforma electoral “que los servidores públicos puedan hacer difusión, contratar publicidad y que no haya un órgano electoral como es el INE (Instituto Nacional Electoral) o el Tribunal Electoral” del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
El pasado mes de abril, López Obrador presentó una reforma constitucional en materia electoral, en la que propuso crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) para sustituir al INE, órgano autónomo surgido para arrebatar al Gobierno el control de los comicios.
Además, pretendía someter a voto popular a los consejeros del INE y del TEPJF, eliminar 200 diputados y 32 senadores, reducir el financiamiento de los partidos políticos y redefinir el concepto de “propaganda” para que el Gobierno pueda pronunciarse durante las elecciones.
La Cámara de Diputados rechazó en diciembre pasado la propuesta al no alcanzar los dos tercios necesarios que necesitan las reformas constitucionales, ante lo que López Obrador impulsó el llamado “Plan B”, una reforma legal que solo requiere mayoría simple.
Esta reforma legal incluye menos modificaciones y su aprobación completa está pendiente en el Senado. Con ella, el mandatario prometió ahorrar 3.500 millones de pesos (175 millones de dólares) y modificar el funcionamiento del INE.
La polémica electoral a raíz de las reformas que pretende López Obrador fue motivo de multitudinarias manifestaciones a finales del pasado año, como la organizada por la oposición el pasado 13 de noviembre en más de 20 ciudades del país en defensa del INE.
El presidente respondió dos semanas después con otra marcha que aglutinó, según las autoridades, a 1,2 millones de personas en Ciudad de México.
