Ciudad de México, 17 sep (EFE).- El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria detectó 90.000 presos sin sentencia en México, donde alrededor del 50 % están sujetos a detención preventiva oficiosa y los arrestos arbitrarios son una “práctica generalizada”.
Esta agrupación entregó ahora su informe sobre México ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas tras visitar el país 18 al 29 de septiembre de 2023 por invitación del Gobierno.
“El Grupo de Trabajo observó que la detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México y que existen deficiencias en el sistema de justicia penal, tales como la figura del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, que violan el derecho a la libertad”, indicó el reporte.
El informe consideró “preocupante” la prisión preventiva oficiosa “excesivamente prolongada”, al detectar a personas que han pasado más de cinco años en la cárcel con esta figura, lo que ha contribuido a una población encarcelada de cerca de 230.000.
También alertó de “la militarización de la seguridad pública” al reportar 100.000 soldados en tareas policiales y de control migratorio.
“Esto ha estado estrechamente relacionado con el aumento de la violencia contra las personas detenidas, las desapariciones y los homicidios. Las personas detenidas por personal militar con frecuencia son sometidas a graves actos de violencia y tortura”, argumentó.
Por otro lado, denunció que México desde 2006 ha adoptado un enfoque “mucho más punitivo” hacia el uso personal de drogas y la venta de drogas al por menor, un crimen llamado ‘narcomenudeo’.
Sostuvo que “ha habido un aumento en el encarcelamiento de consumidores de drogas”, pero constató que “fuerzas de seguridad fabricaron cargos contra personas colocando drogas en sus hogares, vehículos, bolsos o ropa”.
Aunque celebró la Ley de Amnistía que el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó en 2020, el informe también reportó que “solo alrededor de 424 personas habían sido liberadas mediante amnistía” al momento de su visita.
Entre otros problemas, enunció también “el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, interpretaciones amplias del delito en flagrancia, la falta de acceso a la asistencia legal con abogados calificados, ataques a la independencia judicial”, y las “carencias en las condiciones de detención”.
