Ciudad de México, 19 sep (EFE).- Organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas mexicanos expresaron este jueves su “enérgico rechazo” a la reforma constitucional que daría el control de la Guardia Nacional al Ejército y que se discute hoy en el Congreso, al advertir de los riesgos de avalar esta iniciativa.
“En nombre de las víctimas que acompañamos, queremos manifestar nuestro enérgico rechazo a esta reforma constitucional para formalizar el regreso de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”, señaló en conferencia de prensa Raymundo Ramos, del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, del norteño estado de Tamaulipas.
El activista precisó que habla de un “regreso” de la Guardia Nacional a la Sedena porque “siempre ha sido una extensión” de la misma al apoyar en operativos y reforzamiento de la seguridad pública, lo que ha recrudecido la problemática de violaciones a los derechos humanos, asesinatos y desapariciones en el país.
La iniciativa de reforma que se discute este jueves en la Cámara de Diputados formalizaría el paso de la Guardia Nacional, creada en marzo de 2019, a la Sedena y su incorporación a la Fuerza Armada Permanente.
Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, recordó que este cuerpo policial, al menos en el papel, es una institución de carácter civil pero cuando empezó a conformarse se hizo con personal militar y es dirigida por militares.
“Esto, a pesar de que el uso de militares en las tareas de seguridad pública no ha solucionado la grave crisis de violencia e inseguridad que vive México desde hace tres sexenios”, remarcó.
Las organizaciones alertaron que la Guardia Nacional es la séptima institución con más quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con 1.772 expedientes registrados, de acuerdo con el Sistema de Alerta de este organismo.
Por su pare, Gabriela García, de la organización Intersecta, explicó además que el paquete de 20 reformas propuesto por el presidente saliente mexicano, Andrés Manuel lópez Obrador (2018-2024), en febrero pasado, tienen implicaciones diversas, pero especialmente preocupan cuatro de ellas por la manera en que afectan en su conjunto.
Entre ellas está la reforma al poder judicial recién aprobada la semana pasada, la reforma a la prisión preventiva oficiosa, la de la desaparición de órganos autónomos y la de la Guardia Nacional.
“Dado que todo parece indicar que te van a aprobar de manera simultánea, es fundamental leerlas en conjunto, los cambios que suponen no sucederán de manera aislada, sino conjunta más poderes para los militares, más facilidad para encarcelar personas, menos independencia entre poderes y menos transparencia”, alertó.
Marisol Mendez, coordinadora de Incidencia de la Fundación por la Justicia, expresó que de aprobarse la ley, México estaría incumpliendo con las obligaciones internacionales que tiene con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que le ha pedido cumplir con estándares internacionales sobre el respeto a los derechos humanos.
Ante ello, las organizaciones pidieron a los legisladores que voten en contra de la propuesta, que se abran al diálogo y que respeten las recomendaciones internacionales en materia de derechos humanos.
