Miami, 31 ago (EFE).- La jueza Aileen Cannon citó mañana jueves a los abogados de Donald Trump y del Departamento de Justicia de EEUU a una audiencia en West Palm Beach (Florida) para tratar la demanda hecha por el expresidente para que un perito independiente supervise el caso originado por el registro realizado por el FBI en su mansión floridana en busca de documentos oficiales.
Trump (2017-2021) ha solicitado además un recibo más detallado de lo decomisado y la devolución de aquello que no estuviera incluido en la orden judicial que autorizó el registro.
La jueza Cannon se ha mostrado dispuesta a designar a un perito que supervise el allanamiento de Mar-a-Largo, la mansión y club privado de Trump en Palm Beach, donde tiene su domicilio legal, pero antes de tomar una decisión escuchará a las partes.
La audiencia en la tribunales federales de West Palm Beach se celebrará dos días después de que el Departamento de Justicia (DOJ) comunicase a la jueza la posible comisión de un delito de “obstrucción” por el manejo de documentos clasificados en Mar-a-Lago.
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Según el DOJ, algunos de los documentos hallados en un registro realizado el 8 de agosto fueron “probablemente ocultados y sacados” de un depósito.
El Gobierno estadounidense había requerido de forma reiterada a Trump que si se había llevado de la Casa Blanca documentos clasificados los entregase, pero el entorno del expresidente respondió con evasivas.
En el registro los agentes del FBI hallaron más de 100 documentos clasificados que Trump no había entregado a las autoridades a pesar de los requerimientos.
El documento de más de 50 páginas (incluidos anexos) presentado por el DOJ a la jueza Cannon el martes por la noche ofrece una cronología de la gestión del material luego requisado desde que Trump abandonó la Casa Blanca en enero de 2021.
De acuerdo con el escrito, el almacenamiento de esos documentos no está protegido por la figura del Privilegio Ejecutivo que le correspondería en calidad de presidente, sino que debían haber sido almacenados como manda la ley en los Archivos Nacionales.
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La Fiscalía incluyó una foto que muestra documentos en el suelo, algunos de ellos con marcas que los identifica como clasificados.
Trump reaccionó en su red Truth Social este miércoles al escrito del Departamento de Justicia con una cascada de mensajes.
En uno de ellos escribió: “terrible la forma en que el FBI, durante la redada de Mar-a-Lago, arrojó documentos al azar por todo el piso (…) ¡quizás fingiendo que fui yo quien lo hizo!”.
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La investigación criminal se inició cuando a comienzos de este año funcionarios de los Archivos Nacionales descubrieron material clasificado en 14 de un total de 15 cajas que estaban en Mar-a-Lago, que, tras varias largas, finalmente fueron entregadas por el equipo de expresidente.
El organismo alertó al Departamento de Justicia que, tras un revisión preliminar, abrió una investigación criminal por posible obstrucción e incluso por delitos relacionados a la Ley de Espionaje.
El Departamento de Justicia desestima la necesidad de un perito independiente que supervise el registro efectuado por agentes del FBI, en vista de que los investigadores ya han ubicado “un grupo limitado” de documentos que podrían contener información cubierta por el privilegio abogado-cliente, y que ahora está en proceso de “abordar posibles disputas de privilegios”.
A la audiencia de mañana podría acudir el abogado Christopher M. Kise, exprocurador general de Florida, quien se ha sumado a las filas del equipo legal del expresidente, de acuerdo a la cadena NBC News.
