Miami, 6 jun (EFE).- Un grupo de unas 25 personas reclamó este martes la renuncia o el cese del hoy concejal y antes dos veces alcalde de Miami Joe Carollo, quien la semana pasada fue condenado a pagar 63,5 millones de dólares a dos empresarios por abuso de poder y represalias políticas.
La protesta contra el republicano Carollo se llevó a cabo a las afueras de la Alcaldía de Miami (Florida), donde el concejal tiene su despacho.
Los manifestantes se identificaron como residentes o propietarios de negocios situados en el distrito 3 de la ciudad, al que Carollo representa en la Junta Municipal, y sus líderes dijeron que quieren que deje el puesto porque no se sienten representados por él.
También pidieron al Departamento de Justicia de EE.UU. que abra una investigación sobre el veterano político de origen cubano y otros dijeron haber escrito al gobernador de Florida, Ron DeSantis, para que lo cese.
En sus primeras declaraciones tras la condena, Carollo dijo a un canal de televisión este lunes que es una víctima y se comparó con el exfutbolista acusado de asesinar a su esposa O.J. Simpson y con el también afroamericano George Floyd, quien murió en 2020 asfixiado porque un policía le puso la rodilla sobre el cuello varios minutos.
Los manifestantes denunciaron que el concejal, que es miembro del Partido Republicano y tiene fama de vehemente, tanto que es conocido como “Crazy Joe” (Joe, el loco), tiene un historial de hostigamiento de personas que no comparten sus ideas políticas y dijeron no sentirse representados por él.
Además se preguntaron cuánto dinero le va a costar a los contribuyentes de Miami el juicio de Carollo, dado que la Alcaldía, al frente de la cual está Francis Suárez, pagó ya dos millones de dólares con dinero público.
Carollo, de 68 años y nacido en la localidad cubana de Caibarién, fue objeto de una demanda civil presentada por los empresarios Bill Fuller y Martín Pinilla, dueños de un popular bar de la Pequeña Habana de Miami llamado Ball & Chain, quienes alegaron que usó su cargo para acosarles y dañar su reputación.
El motivo de las represalias de Carollo habría sido que los empresarios apoyaron electoralmente a su oponente político, Alfonso “Alfie” León, en 2017.
Los empresarios denunciaron que Carollo violó sus derechos de la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión, por lo que el jurado determinó que el concejal deberá responder por daños y perjuicios con 63,5 millones de dólares a los empresarios.
El abogado de Carollo, Mason Pertnoy, calificó la acusación de “violación de los derechos de la Primera Enmienda” como una fantasía y argumentó ante el jurado que los empresarios presionaron al concejal porque habrían comenzado trabajos de construcción sin los permisos necesarios.
