Ciudad de México, 7 dic (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves que quiere presentar sus principales reformas constitucionales, como la que permitiría elegir a los jueces por voto popular, en febrero de 2024 e intentar de nuevo la militarización de la Guardia Nacional.
Así lo expresó en su conferencia diaria, donde subrayó la voluntad de también “elevar a rango constitucional el derecho de los discapacitados” para que las pensiones públicas que reciben se mantengan “esté quien esté” en el poder.
“Nosotros tenemos ya un plan para que las iniciativas que voy a enviar se presenten en el mes de febrero”, aseguró López Obrador, aunque no desveló cuál será la estrategia.
Así, antes de que termine su sexenio, el mandatario llevará al Congreso de la Unión la reforma judicial, “para que el pueblo elija a los jueces, magistrados y ministros”, y la electoral, que propone recortar 3.500 millones de pesos (casi 206 millones de dólares) del Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo autónomo que organiza las elecciones.
Otra de las iniciativas estrella de López Obrador es la que busca garantizar la operación de la Guardia Nacional por mandos del Ejército mexicano.
Esto luego de que pese a que ya se había aprobado una reforma legal para ceder el control de la Guardia Nacional al Ejército mexicano hasta 2028, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la declaró inconstitucional y resolvió que cometió errores en el proceso para cambiar el mando operativo civil, por lo que se frenó esa iniciativa.
Sobre esta, avisó de que quiere ver “qué va sucediendo estos días”, pues “a partir de enero ya se ordena que se separe” este cuerpo de la Secretaría de la Defensa, algo que “generará muchos problemas”.
“Afortunadamente, ahora hay este acuerdo de incluso todos los legisladores, según me informan, de que haya un mecanismo para que siga la Guardia Nacional con los apoyos de la Secretaría de Defensa”, celebró.
Para que estas reformas constitucionales vean la luz, tienen que recabar el apoyo de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados y del Senado, la mayoría calificada, además de la mayoría absoluta en los parlamentos federales.
