Tucson (EE.UU.) 25 oct (EFE).- En una polémica decisión, el condado Cochise (Arizona) aprobó contabilizar las papeletas electorales a mano, lo que podría retrasar los resultados finales de las elecciones de medio término en el estado, especialmente las reñidas contiendas cerradas por la gobernación y el Senado federal.
Durante la reunión de los supervisores varios residentes republicanos dieron su testimonio a favor, donde predominaron ideas sobre conspiraciones de un supuesto “fraude” electoral que manipuló el resultado para evitar la reelección del presidente Donald Trump (2017-2021).
Después de un largo debate y de analizar las consecuencias legales y políticas que esto podría tener, la junta de Supervisores del Condado Cochise aprobó la noche del lunes el conteo manual de los votos de las elecciones del próximo 8 de noviembre.
“Estamos velando por proteger el voto, sobre el derecho de la gente de sentirse seguros de que su voto será contado y respetado”, dijo este martes a EFE Peggy Judd, supervisora republicana que votó a favor.
- Advertisement -
El condado Cochise se encuentra en la región fronteriza de Arizona con México, es una zona rural donde predominan las rancherías.
El condado cuenta con 87.000 votantes registrados, y en las pasadas elecciones 61.000 de ellos ejercieron este derecho.
Opositores de la medida advirtieron que contar las boletas a mano retrasara el resultado final de las elecciones, debido a tantos puestos a nivel local, estatal y federal que están en juego, adicionalmente a múltiples iniciativas de ley.
Algunos resultados que podrían verse afectados son los de contiendas que de acuerdo a las más recientes encuestas se encuentran sumamente cerradas, entre ellas la de la gobernación entre la republicana Kari Lake y la demócrata Katie Hobbs.
En la misma situación se encuentra la contienda entre el actual senador de Arizona, el demócrata Mark Kelly, y su contrincante republicano, Blake Masters.
- Advertisement -
Tanto Lake como Masters apoyan la llamada “gran mentira” sobre las elecciones del 2020.
La Secretaria del Estado podría presentar una demanda en contra del condado por esta decisión.