Miami, 14 feb (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este martes lo que calificó de “continuo abuso de las demandas por difamación” contra medios y periodistas de Panamá, así como el secuestro preventivo de sus bienes “como mecanismos de intimidación y mordaza para frenar el periodismo crítico”.
La organización, con sede en Miami (EEUU), se refirió al acoso legal que han sufrido el periodista Mauricio Valenzuela, del portal Foco, y la analista Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), sobre los que se han pronunciado la vicepresidencia regional en Panamá de la SIP, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), y el Fórum de Periodistas y la Asociación Panameña de la Radiodifusión.
Tal como recuerda la SIP, el pasado 8 de febrero la jueza Ana Isabel Terán, del Juzgado Sexto de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, ordenó el secuestro de los bienes y propiedades de ambos, aún cuando no había condena de por medio, como resultado de una demanda por injurias y calumnias interpuesta por el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014).
En sistema judicial del país centroamericano permite a un demandante solicitar el secuestro de activos del demandado al iniciarse el proceso en los tribunales, como ocurrió en 2020, cuando la Justicia ordenó el secuestro de los bienes del diario La Prensa tras una demanda del expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999).
El presidente de la SIP, Michael Greenspon, deploró “el abuso de las demandas como instrumento para amedrentar y desalentar a medios y periodistas críticos” y remarcó que “este es un recurso vastamente frecuente y en aumento en varios países de las Américas”.
“El acoso judicial en Panamá continúa siendo la principal amenaza contra la libertad de prensa”, agregó Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión del diario The New York Times.
A su turno, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, quien es director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, agregó que “la intención de estas demandas con indemnizaciones millonarias es desalentar al periodismo para que siga investigando y descubriendo hechos de corrupción”.
El Índice Chapultepec de la SIP correspondiente al periodo 2021-2022 refleja que, de acuerdo al Ministerio Público de Panamá, en ese país “existen 586 expedientes abiertos por delitos en contra del honor. De estos, 81 involucran a medios de comunicación social”.
En la jurisdicción civil, “se encuentran en proceso 40 trámites contra comunicadores y empresas de comunicación social, con demandas que superan la reclamación de 13 millones de dólares”, según el índice Chapultepec, que mide las acciones institucionales que afectan las libertades de prensa y de expresión en 22 países de las Américas.
La SIP ha tenido éxito en muchos países en promover por décadas la descriminalización de las demandas por difamación cuando se trata de funcionarios públicos y sobre temas de interés público, como señaló hoy en su comunicado.
“También impulsa que, en caso de juicios civiles, los jueces establezcan proporcionalidad en las indemnizaciones para que las pretensiones económicas desorbitadas no amordacen al periodismo y la libertad de prensa”, agregó.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas.
Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene sede en Miami (Florida, EE.UU.).
