Washington/Sao Paulo, 12 ene (EFE).-La presión crece sobre EE.UU. para que expulse al expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, que se encuentra en Florida, después del asalto de sus seguidores a las sedes de los tres poderes, aunque ni Brasilia ni Washington han confirmado que haya una petición oficial a ese respecto.
Bolsonaro se encuentra actualmente en Estados Unidos, adonde viajó el pasado 30 de diciembre, dos días antes de terminar su mandato y de que le sucediera el líder izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, a quien todavía no ha felicitado por su victoria en las elecciones del pasado mes de octubre.
Tenía pensado volver a finales de enero, pero ha decidido anticipar su vuelta a Brasil por unos dolores intestinales, recurrentes desde la puñalada que recibió en 2018 y que le obligaron a pasar por un hospital de Orlando, dijo el propio Bolsonaro a CNN Brasil.
Entretanto, legisladores demócratas han pedido al Gobierno del presidente Joe Biden que se expulse a Bolsonaro de EE.UU., al que acusan de orquestar “ataques a la democracia” en Brasil y dibujaron paralelos entre lo sucedido en el país suramericano y el asalto al Capitolio que tuvo lugar el 6 de enero de 2021.
En una carta dirigida a Biden, 46 miembros de la Cámara de Representantes, pidieron este jueves a su Gobierno que se investiguen las acciones que Bolsonaro haya podido adoptar en suelo estadounidense “para ayudar la insurrección” en Brasil y que se le revoque cualquier permiso que tenga para estar en EE.UU.
Los legisladores aseguraron en su carta que el expresidente brasileño entró a EE.UU. con una visa A-1, que se concede a diplomáticos o funcionarios gubernamentales.
“Como ya no es el presidente de Brasil ni se desempeña actualmente como funcionario brasileño, le solicitamos que vuelva a evaluar su estatus en el país para determinar si existe una base legal para su estadía y revocar cualquier visa diplomática que pueda tener”, señalaron los congresistas a Biden.
El Gobierno estadounidense no ha aclarado el estatus legal que mantiene Bolsonaro en el país, alegando que no puede ofrecer datos sobre ciudadanos particulares porque son confidenciales.
No obstante, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, ha señalado que las personas que entran a EE.UU. con una visa A-1 tienen 30 días para salir del país o pedir un cambio de su estatus, si deja de ser funcionario gubernamental.
NO EXISTE AÚN UN PEDIDO DE EXTRADICIÓN
El senador Tim Kaine, también demócrata y jefe del comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo al portal Politico que si EE.UU. recibe un pedido de extradición, debe ser atendido.
“Creo que debemos receptivos si existe un procedimiento criminal legítimo y hay una petición de extradición”, dijo el legislador al portal de noticias.
Por el momento, ni EE.UU. ni Brasil han confirmado que exista ya una solicitud de extradición, pese a que Bolsonaro tienes varias cuentas pendientes con la justicia brasileña.
Si llegara a presentarse, aseguró a EFE el analista político y profesor de la Universidad de Georgetown en Washington Michael Shifter, el Gobierno de Biden “debe tratarlo de manera muy seria”.
Washington ha asegurado que está a la espera de cualquier petición de ayuda de las autoridades de Brasil en las investigaciones relativas al ataque del domingo.
Además de Bolsonaro, el exministro de Justicia, Anderson Torres, también está en territorio estadounidense. Sobre él pesa una orden de prisión por su presunta “omisión”, como responsable de la seguridad de Brasilia, en la intentona golpista perpetrada el domingo por miles de bolsonaristas radicales.
Torres anunció el martes su regreso inminente a Brasil para ponerse a disposición de la Justicia, algo que todavía no ha hecho.
SILENCIO REPUBLICANO
Mientras, el silencio reina en el Partido Republicano sobre la situación en Brasil.
El expresidente Donald Trump, quien durante su mandato mantuvo una buena relación con Bolsonaro y con quien se le ha comparado, no se ha pronunciado sobre los hechos del fin de semana ni sobre la presencia del líder brasileño en Florida.
El líder ultraderechista, de 67 años, puede afrontar a su hipotética vuelta a Brasil problemas con la Justicia, donde es investigado en cuatro procesos penales abiertos durante su mandato (2019-2022).
Uno de ellos busca esclarecer si interfirió de forma política e ilegal en las decisiones de la Policía Federal para proteger a su familia, mientras que también es investigado por divulgar noticias falsas sobre la vacuna contra la covid-19, y desincentivar el uso de la mascarilla en un momento en que era obligatorio en todo el país.
Otro de los casos se refiere a la filtración de documentos secretos de la Policía con los que quiso alimentar su campaña de descrédito contra el sistema electrónico de votación, que Brasil utiliza desde 1996 sin que haya sido objeto de denuncias, aunque Bolsonaro considera, sin pruebas, que es fraudulento.
Sobre ese asunto de las urnas electrónicas, afronta además diversas acciones administrativas en el Tribunal Superior Electoral (TSE), que, en último extremo, podrían servir de base para su posible inhabilitación política.
El 1 de enero Bolsonaro perdió el fuero privilegiado que ostentaba por su condición de jefe de Estado.
Bajo ese estatus, todos las demandas tenían que pasar por la Fiscalía General de la República y tramitar en la Corte Suprema, además de tener el derecho de ser defendido por la Abogacía General del Estado.
Ahora, el exgobernante puede ser juzgado en primera instancia por un magistrado común, si bien, en cuanto a las investigaciones en curso, esa decisión depende de la autorización de las instancias judiciales superiores.
Con todo, Bolsonaro no ha sido acusado formalmente en ningún caso; solo consta como investigado, es decir, los procesos están en su fase inicial.
Para que sigan adelante, el Ministerio Público tendría que presentar una denuncia ante la Justicia, que decidiría entonces si abre juicio contra el exmandatario. Solo en ese supuesto podría ser eventualmente condenado.
