Washington, 14 jul (EFE).- La Cámara de Representantes de Estados Unidos, con mayoría republicana, aprobó este viernes un proyecto de presupuesto para el Pentágono que prohíbe los apoyos del Gobierno para que el personal militar pueda abortar o se someterse a tratamientos de transición de género.
El proyecto, que debe obtener el visto bueno del Senado, donde los demócratas tienen mayoría, contiene dos polémicas enmiendas introducidas por los republicanos para impedir que el Departamento de Defensa subvencione los gastos de viaje para abortar y para someterse a tratamientos hormonales y quirúrgicos de afirmación de género.
El Pentágono anunció el año pasado su intención de pagar a militares o familiares de militares que necesitan viajar a estados donde el aborto es legal, luego de que el Tribunal Supremo tumbara el derecho federal al aborto.
Los republicanos ven la votación en la Cámara Baja como una “victoria” frente a un supuesto “intento de adoctrinamiento” dentro del Pentágono, según señaló Steve Scalise, uno de los líderes de este partido en la Cámara.
Las enmiendas, que fueron añadidas por el ala más conservadora del Partido Republicano, provocaron el rechazo de los congresistas demócratas, quienes votaron mayoritariamente en contra.
El líder de la minoría de la Cámara, el demócrata Hakeem Jeffries, acusó a los republicanos de estar “secuestrando” el presupuesto, que históricamente ha tenido un consenso de ambos partidos, para imponer su agenda ideológica y atacar la “libertad reproductiva”.
El proyecto de ley dota de un presupuesto de más de 800.000 millones de dólares al Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Los fondos acordados suman 45.000 millones a la cantidad inicialmente solicitada por el presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, para afrontar el efecto de la inflación y acelerar la implementación de la Estrategia Nacional de Defensa.
Así, el proyecto de ley autoriza 12.600 millones para hacer frente al impacto de la subida de los precios en las compras, otros 3.800 millones para contrarrestar ese efecto en los proyectos de construcción militar y 2.500 millones en las adquisiciones de combustible.
