Miami, 3 nov (EFE).- El director de Seguridad Pública de Florida, Larry Keefe, y James Montgomerie, director ejecutivo de Vertol Systems, la empresa de aviación que en septiembre pasado trasladó unos 50 inmigrantes venezolanos desde Texas a la isla Martha’s Vineyard, en Massachusetts, viajaron a bordo de al menos uno de esos vuelos organizados por el gobernador, Ron DeSantis, reveló un medio local.
Según documentos obtenidos por el equipo de investigaciones del canal WTSP, de la Bahía de Tampa, Keefe, un exfiscal federal del norte de Florida nombrado por el gobernador estatal Ron DeSantis al frente de la Seguridad Pública, estaba a bordo del avión que hizo escala en Florida y finalmente aterrizó en Martha’s Vineyard.
Keefe, conocido como “el zar de la seguridad pública”, fue nombrado por el republicano DeSantis en 2021 para “tomar medidas enérgicas contra los inmigrantes indocumentados”, según resaltaron a raíz del nombramiento medios como Tallahassee Democrat.
El nombramiento de Keefe en septiembre de 2021 fue anunciado por el gobernador junto a una demanda para desafiar las políticas de inmigración de la administración del presidente Joe Biden, y una orden ejecutiva que prohíbe a las agencias estatales “facilitar la inmigración ilegal a Florida”.
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Según publicó este miércoles el canal local, el itinerario de los vuelos lo proporcionó The Florida Center for Government Accountability (Centro de Florida para la Responsabilidad Gubernamental), organización no partidista que ya demandó al Departamento de Transporte de la Florida (FDOT) y Vertol Systems por estos vuelos irregulares.
El pasado 10 de octubre, la misma organización ingresó una querella en una corte del condado de Leon, en el noroeste del estado, tras haber solicitado al gobierno estatal que hiciera públicos las comunicaciones telefónicas y mensajes que DeSantis tuvo con su jefe de equipo, James Uthmeier, sobre los dos vuelos chárter desde Texas hasta la popular isla de Massachusetts.
Dos semanas más tarde, el juez de circuito J. Lee Marsh, del mencionado condado, dictaminó que la administración de DeSantis no cumplió con la ley de registros públicos solicitados por The Florida Center for Government Accountability por lo que fijó un plazo máximo de 20 días al gobierno estatal para mostrar los registros públicos solicitados.
La oficina del gobernador, que tiene hasta el 14 de noviembre para proporcionar los registros solicitados por el juez, ha presentado una apelación, según recoge el medio.
En total, Florida usó cerca de un millón de dólares de sus arcas públicas para organizar el traslado al norte del país de cerca de un centenar de migrantes que habían entrado de forma irregular en Estados Unidos.
