Por Mayra Arteaga [email protected]

Jacksonville, FL.- El viernes 14 de junio marcó el inicio de una guerra frontal contra la inmigración indocumentada en el estado floridano, cuando el gobernador Ron DeSantis estampó su firma en el documento final de la propuesta SB168, para convertirlo en ley.
Al firmarla como ley, el gobernador Ron DeSantis, alineado con las políticas antiinmigrantes del presidente Donald Trump, dijo en medio de los aplausos que estaba dando así cumplimiento a una de sus promesas de “luchar contra la inmigración ilegal”.
El republicano subrayó que se trata de ofrecer “seguridad” a la población y criticó que las llamadas ciudades ‘santuario’ son jurisdicciones “libres de ley” que son aprovechadas por inmigrantes indocumentados para cometer crímenes.
A partir de este viernes, Florida cuenta con una de las leyes antiinmigrantes más estrictas del país contra las llamadas ciudades ‘santuario’ y que promueve la cooperación con las autoridades federales migratorias, aunque se anticipan demandas legales de grupos civiles que la consideran “inconstitucional”. De no ser demandada ante un tribunal, la ley entraría en vigor el 1 de julio próximo.
La nueva norma exige a todas las agencias estatales, gobiernos municipales y departamentos de Policía cumplir la ley federal de inmigración y también trabajar con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener y deportar a los inmigrantes.
DeSantis firmó la ley pese a la resistencia y protestas de grupos pro-inmigrantes que se desplazaron a Tallahassee, la capital estatal, durante varias semanas para mostrar su rechazo durante su trámite en el Legislativo.

Reacciones
Sin embargo, para grupos como el Southern Poverty Law Center (SPLC) se trata de una ley “inconstitucional” que obliga a las policías a “detener sin causa probable” a personas para entregarlas las autoridades federales de inmigración.
“Viola la Cuarta Enmienda, que prohíbe la captura sin razón, conducirá a la violación de los derechos constitucionales y someterá a costosos litigios a las autoridades locales”, manifestó en un comunicado Scott McCoy, directivo de SPLC.
La Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC) también anticipó “desafíos legales” para su implementación en un estado con un 20 % de población inmigrante y estableció una línea telefónica directa para guiar a lo inmigrantes sobre sus derechos.
Las organizaciones criticaron los polémicos “detainers” de ICE, como se conocen las detenciones ordenadas por esa agencia federal, mediante las cuales las policías locales retienen a indocumentados que suelen ser arrestados por delitos menores durante más del tiempo establecido por la ley, sin la orden de un juez o la fiscalía, y con el propósito de su deportación.
Por su parte el grupo New Florida Majority dijo que la nueva medida es una de las “peores leyes anti-inmigrantes” en el país después de la SB-1070 de Arizona de 2010 de “muéstrame tus papeles”, que causó gran polémica y aún está en vigor pero con una versión suavizada tras una demanda que llegó al Tribunal Supremo.
El grupo recordó que, de candidato, DeSantis nombró a una vicegobernadora hispana, Jeanette Núñez, para “cubrir” sus ideales contra los inmigrantes.
El proyecto, aprobado en abril pasado por el Legislativo de Florida, de mayoría republicana, entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio y otorga tres meses de margen a las autoridades policiales para ponerlo en marcha.
La presidenta del Partido Demócrata de Florida, Terry Rizzo, calificó como “vergonzoso” que DeSantis y los legisladores republicanos “prefieran apoyarse en la agenda xenófoba del presidente Trump en lugar de los dueños de negocios, funcionarios electos, agentes de la ley y miembros de la comunidad de la Florida que le pidieron que vetara este proyecto de ley”.

Policía Local responde
Pese a que los condados de Duval y Clay participan actualmente en el programa voluntario de cooperación con ICE (287g) los agentes de Jacksonville Sheriff Ofice (JSO) en la Unidad de Asuntos Internacionales, aseguraron a los oyentes de El Vacilón, el show matutino de Latina 92.1 FM que las prácticas de su agencia no cambiarán ante la aplicación de la nueva ley.
El oficial Mark Medina, dijo este miércoles a la audiencia, que la Oficina del Alguacil no tiene una incidencia directa en el trabajo de Inmigración. “Nosotros tenemos un agente de ICE que está en nuestra cárcel y cuando llevamos a algún inmigrante por cualquier delito, él se encarga de hacerle las preguntas y procesarlo y, dependiendo de la información que obtenga, hace el proceso para enviarlo al Centro de Detención de Baker County o Miami y los detienen hasta que el proceso de migración termina”, explicó el vocero hispano.
Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que los agentes de JSO se dediquen a “pedir papeles en las calles”, Medina indicó que su agencia no se dedicará a eso. “Jacksonville no es una ciudad santuario, pero nuestros agentes no van a estar persiguiendo a indocumentados. No es nuestro trabajo. Más bien, nuestro trabajo es buscar a los delincuentes”, aseveró Medina.

Lo que implica la ley
• Todas las agencias estatales, gobiernos municipales y departamentos de Policía deben cumplir la ley federal de inmigración
• También deben trabajar con (ICE) para detener y deportar a los inmigrantes.
• Organizaciones proinmigrantes temen que la ley de lugar al uso del perfil racial, lo que podría en riesgo a personas que, incluso, no han cometido ningún delito.
• Se espera que las organizaciones demanden la ley ante la corte de justicia.