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Tucson (AZ), 8 ago (EFE).- Familias de Arizona denuncian los deficientes manejos de sus casos migratorios por parte de la clínica legal comunitaria Keep Tucson Together (KTT) para que otras personas indocumentadas presten atención a estos servicios, en algunos casos apoyados por reconocidas organizaciones civiles.
“Nuestro propósito principal es evitar que esto siga sucediendo y que más personas sigan siendo afectadas. Exigimos que cada caso que KTT reciba tenga la misma atención”, dijo hoy a Efe Alexandra Hernández, representante de las familias.
KTT es una reconocida clínica comunitaria que opera en la ciudad de Tucson desde 2011 y que de forma gratuita lleva casos de inmigrantes que enfrentan deportación, tratando de mantener a las familias juntas.
La clínica, que antes de la pandemia de covid-19 hacía reuniones todas las semanas en la Escuela Secundaria Pueblo, ayuda también con peticiones de asilo, permisos de trabajo, renovaciones de solicitudes al programa DACA y trámites de ciudadanía.
De acuerdo con Hernández, desde junio de 2021 varias familias comenzaron a quejarse ante el grupo humanitario No Más Muertes, que estaba a cargo del financiamiento de la clínica, de malos manejos de sus casos que, aseguran, los han puesto en peligro de deportación.
Las familias acusan a KTT de darles “esperanzas falsas”, así como de falta de comunicación sobre las fechas de sus audiencias en corte y de no prepararlas para ellas.
También aseguran que los abogados “pro bono” que manejaban los casos muchas veces los recibían menos de 24 horas antes de la audiencia, y no entregaban las apelaciones a tiempo ni les avisaban cuando se emitía una orden de deportación en su contra, entre otras cosas.
El esposo de Hernández, uno de los afectados, asegura que KTT nunca presentó las pruebas que le fueron entregadas en su caso de asilo.
“Nunca nos informaron del día en la corte final de inmigración. Cuando entramos a la corte el mismo juez nos dijo que si hubieran existido pruebas su decisión hubiera sido otra”, dijo ella.
Otra de las afectadas es Mónica Silva Valenzuela, quien dijo que comenzó a llevar su caso con KTT hace tres años y durante este tiempo tuvo muy poca comunicación con los abogados.
“En una ocasión me dijeron que se les había olvidado enviar la apelación en su caso de asilo. Me pidieron una disculpa, pero en estos casos creo que no es suficiente”, dijo Silva, quien llegó hace cinco años de Sonora, México, escapando la violencia de los cárteles.
El año pasado le notificaron que ella y sus cinco hijos tenían orden de deportación. “Nunca hicieron nada en mi caso”, lamentó la inmigrante.
El pasado 30 de junio No Más Muertes envió un comunicado de prensa anunciando que terminaba su relación con KTT y la abogada que la encabeza, Margo Cowan.
“Las historias compartidas por estas familias son devastadoras, y les aplaudimos su valor para compartirlas”, dijo No Más Muertes en el texto.
Indicó que después de recibir las quejas pidió a KTT información de los casos, la cual nunca le fue proporcionada, por lo que decidió terminar su relación con la clínica comunitaria.
No Más Muertes ha establecido un fondo económico para asistir a las familias afectadas, pagando los servicios de abogados de inmigración para que reabran sus casos y traten de evitar su deportación.
La inmigrante mexicana Francelia Ramírez dijo que KTT llevó su caso desde 2020, y al igual que los demás asegura que nunca tuvo una buena comunicación con los abogados.
“El verano pasado en la corte de inmigración me dijeron que me habían cerrado mi caso. A mí nunca me avisaron que iban a cerrar el caso. Esto hizo que perdiera mi permiso de trabajo”, dijo Ramírez. quien también está solicitando asilo.
El grupo asegura que lo que más desean es que KTT se haga responsable de los daños que ha causado en estos casos.
Las familias se reunieron hoy en el sur de la ciudad para exponer sus casos. Hasta el momento alrededor de 10 familias han denunciado manejo negligente de sus casos, pero están convencidas de que muchos más han sido afectadas.
“Sabemos que Cowan es una reconocida abogada en Arizona y ha hecho mucho por la comunidad y quizá ha ganado muchos otros casos. Pero por qué no hablan de los casos donde se cometieron errores”, cuestionó Hernández.
Señaló que incluso hay un caso donde el hijo de una de las afectadas ya fue deportado, pero al igual que ocurre con otras familias inmigrantes tiene miedo de contar su situación públicamente.
Los denunciantes consideran que si la clínica no cuenta con el suficiente número de abogados y voluntarios no debería aceptar tantos casos.
“Decidimos hacer nuestra denuncia pública para que no siga pasando a otras familias, y si hay más personas afectadas para que sepan que hay ayuda disponible para ellas”, finalizó Hernández.
La Agencia Efe trató de contactar en múltiples ocasiones a KTT y la abogada Cowan, pero hasta el momento no han respondido ningún mensaje.
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