Denver (CO), 15 feb (EFE).- El condado de El Paso, en el sur de Colorado, indemnizó con 25.000 dólares al mexicano Saúl Cisneros para poner fin a una demanda federal por encarcelamiento ilegal iniciada hace cinco años luego de que el inmigrante permaneciera recluido sólo por ser indocumentado y sin orden de arresto en su contra.
Según información difundida este miércoles por los abogados del exalguacil Bill Elder, responsable en 2017 por la detención no autorizada de Cisneros, Elder y el condado de El Paso aceptaron pagar el monto mencionado para resolver la demanda, reconociendo que la reclusión infringió los derechos del inmigrante.
La demanda, presentada en 2018 por la filial en Colorado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), revela que Cisneros había sido arrestado a fines de 2017 por dos delitos menores, excarcelables con pago de fianza.
Pese a que su hija pagó la fianza (2.000 dólares) en noviembre de 2017, Cisneros quedó detenido durante meses por orden de Elder, quien esperaba transferir al inmigrante a la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Sin embargo, el ICE nunca solicitó ese traspaso porque Cisneros no estaba en la lista de personas buscadas por esa agencia federal.
La demanda fue aceptada inicialmente por un juez de primera instancia, pero fue rechazada en noviembre de 2020 por la Corte de Apelaciones estatal debido a las leyes locales de inmunidad de funcionarios públicos por acciones en cumplimiento de sus deberes.
Pero en marzo de 2022 la demanda fue restablecida como válida por el Tribunal Supremo de Colorado, que determinó que la protección a los funcionarios públicos no se aplica en casos de negligencia y que Elder había sido negligente al mantener detenido a Cisneros, hoy de 52 años de edad.
La negligencia consistió en “detener a un hombre intencionalmente más allá de la fecha en la que el hombre pagó su fianza”, explicó en su momento el Tribunal Supremo.
“El alguacil Elder encarceló falsamente al señor Cisneros durante casi cuatro meses después de que la ley estatal exigiera su liberación. El alguacil Elder llevó a cabo esta privación ilegal de la libertad en ausencia de una orden judicial, sin causa probable de un delito y sin ninguna otra autoridad legal válida”, afirma la demanda.
A su vez, Mark Silverstein, director de asuntos legales de ACLU Colorado, indicó en un comunicado que el condado de El Paso presentó un documento conocido como “oferta de aceptación del juicio”, que se utiliza para poner fin a demandas y procedimientos similares considerados innecesarios porque se pueden resolver mediante un acuerdo económico.
“El condado presentó (el documento) y lo aceptamos, lo que significa que el señor Cisneros recibe al menos algo de compensación ahora, en lugar de esperar lo que podrían haber sido otros dos o tres años de litigio”, expresó Silverstein.
Otra inmigrante, Rut Noemí Chávez Rodríguez, de 26 años, también fue detenida sin motivo en la cárcel de El Paso de noviembre de 2017 a febrero de 2018. Chávez fue incluida en la demanda inicial de 2018, pero su caso se separó posteriormente y sigue pendiente.