Atlanta (GA), 3 ago (EFE).- Organizaciones defensoras de derechos civiles han vuelto a arremeter contra un centro del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Georgia por presuntos abusos contra los detenidos y han instado al Gobierno federal a que investigue.
Se trata de una nueva denuncia presentada por la Alianza Latina Pro Derechos Humanos de Georgia (GLAHR), Southern Poverty Law Center, Project South, Innovation Law Lab y Malaya Movement USA contra el Centro de Procesamiento del ICE de Folkston (FIPC), en el sur de Georgia.
Las organizaciones interpusieron la queja legal ante la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina del Inspector General (OIG) y la Oficina del Ombudsman de Detención de Inmigrantes (OIDO) para solicitar una investigación sobre “uso excesivo de la fuerza, trato inhumano y violaciones de los derechos” de los detenidos.
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La denuncia fue presentada dos semanas después de que varios de los mismos grupos entablaran una queja similar contra el Centro de Detención de Inmigrantes de Stewart, también en Georgia, en la que alegan que varias mujeres sufrieron acoso sexual mientras estaban presas en esa instalación.
En esa queja, cuatro inmigrantes mencionan específicamente a un enfermero contratado por CoreCivic, la corporación privada que opera esa cárcel del ICE, ubicada en el condado de Lumpkin, suroeste de Georgia, que se considera la mayor prisión migratoria del país.
En la nueva acción administrativa, presentada a finales del mes pasado, las organizaciones alegan que los abusos son cometidos por guardias empleados por GEO Group, la corporación contratada por ICE para operar el FIPC.
“Hacemos un llamado al Gobierno para que haga su trabajo e investigue estas denuncias creíbles de abuso y deshumanización”, dijo Adelina Nichols, directora ejecutiva de GLAHR.
Los detenidos en este centro financiado con fondos públicos “se enfrentan a abusos muy graves que ponen en riesgo no sólo sus casos legales, sino también sus vidas y su bienestar de muchas maneras”, declaró por su parte Allison Crennen-Dunlap, abogada del Innovation Law Lab.
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“Hacemos un llamado al Gobierno para que investigue estas violaciones y se asegure de que aquellos directamente afectados sean realmente parte de esa investigación. Eso significa que deben ser liberados y no deben enfrentar ningún tipo de amenazas o represalias como las que han sufrido a manos del personal de GEO dentro de esta instalación del ICE”, agregó.
Según denuncias de detenidos, empleados del GEO han cometido diversos tipos de abusos como la “agresión no provocada” contra un inmigrante que resultó en una lesión en la mandíbula, uso de confinamiento solitario como represalia durante 54 días consecutivos y “deliberadamente” negar atención médica a los presos.
