Ciudad de México, 31 oct (EFE).- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el caso de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos de Ayotzinapa señaló este lunes inconsistencias en el último informe del Gobierno sobre el crimen.
Tras un peritaje, el GIEI determinó que “no es posible garantizar la originalidad de los mensajes” de presuntos implicados en la desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014 presentados en capturas de pantalla en el reporte del Gobierno.
La Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa presentó el pasado agosto su último informe en el que, además de reconocer que fue un “crimen de Estado” con funcionarios implicados de todos los niveles, compartieron más de 400 capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, de las que “al menos 181” presentan inconsistencias, según el GIEI.
En una conferencia, dijeron que en primer lugar “no es posible garantizar la originalidad de los mensajes ya que no se puede determinar mediante el estudio de la metadata de los ficheros, su autenticidad y tampoco es posible verificar el tipo de dispositivo donde se encuentra configurada la copia del screenshot (captura)”.
Asimismo, indicaron que aunque visualmente la versión de la aplicación es la utilizada entre 2012 y 2015, en ese momento no existía la posibilidad de videollamada, pero sí aparece el icono.
Igualmente, tampoco existía la posibilidad de la doble verificación azul (confirmación de mensaje enviado y recibido), pero sí aparece en la imagen.
Por otra parte, hay capturas que se generaron anteriormente a la fecha en la que se señala que se enviaron los mensajes.
“Los mensajes analizados no pueden considerarse como prueba digital”, detalló Francisco Cox Vial, uno de los cuatro expertos del GIEI.
“Lo que sí hay que investigar es por qué se entregaron, quién los entregó y cómo los obtuvo”, consideró Angela Buitrago, otra de las integrantes.
A pesar de esto, el grupo insistió en que las más de 80 órdenes de captura solicitadas por la unidad especializada de la Fiscalía General de la República no se emitieron como consecuencia del informe, sino de la investigación de la propia unidad, por lo que sí deben ejecutarse al haber elementos suficientes que las sustentan.
“El GIEI valora de forma positiva la entrega del material para hacer el peritaje y la disposición a que se revise. Además, pide compromiso de la Comisión de la Verdad y que en su actuación en el futuro entregue la información al GIEI antes de dar cualquier paso. La consistencia de la información tiene que basarse en los estándares mas altos”, aseveró Claudia Paz y Paz.
SÓLO QUEDARÁN DOS MIEMBROS
El GIEI, que había prolongado por un mes sus actividades, detalló que a partir de este momento quedarán sólo dos de los cuatro expertos, Carlos Martín Beristain y Ángela Buitrago, para ejecutar un mecanismo de seguimiento del caso, ante el movimiento suscitado tras la publicación del informe el 18 de agosto y de que la FGR cancelara más de 20 de las 80 órdenes de captura solicitadas.
Además, el GIEI consideró necesario que permanezcan porque el nuevo equipo de la unidad especializada que llegó después de la renuncia del ahora exfiscal especial Omar Gómez Trejo en septiembre “no tiene conocimiento suficiente del caso”.
Carlos Martín Beristain opinó que México está ante una oportunidad de demostrar que la voluntad política junto con independencia y consistencia de la investigación son determinantes para la Justicia.
Asimismo, expresó que con la investigación se juega la respuesta digna a los familiares, que no solo tienen a sus hijos desaparecidos, sino que han sido víctimas de mentiras y versiones distorsionadas de las autoridades.
“La desaparición forzada no se cierra hasta que se ha dado respuesta al derecho a la verdad y se conozca el destino y paradero de los desaparecidos”, terminó el experto.
El New York Times publicó la semana pasada una entrevista con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, encargado de la comisión del caso Ayotzinapa, en la que el funcionario asegura que las capturas podrían ser falsas, aunque días después rechazó haber descalificado el informe.
