San Juan, 8 feb (EFE).- Varias personas enfrentan infracciones federales por presuntamente violar la Ley de Agua Limpia, y de Ríos y Puertos de Estados Unidos, en la Reserva Natural de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos, en el sur de Puerto Rico.
Así lo informó este miércoles el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, en inglés) en un comunicado de prensa, en el que detalla que las faltas se deben a que los sospechosos descargaron material relleno y dragado a aguas federales.
Igualmente, los individuos enfrentan infracciones por construir estructuras en aguas navegables de Estados Unidos sin un permiso de parte del Departamento del Ejército estadounidense, agregó el USACE en el comunicado.
Los sospechosos enfrentan violaciones a la Sección 301 de la Ley de Agua Limpia, que prohíbe el descargue de contaminantes, incluyendo material relleno o de dragado, a aguas pertenecientes a Estados Unidos sin permiso.
De acuerdo con la Sección 404 de la Ley de Agua Limpia, esta autoriza al secretario del Departamento del Ejército de Estados Unidos a aprobar permisos para la descarga de dichos contaminantes a aguas pertenecientes al país.
Mientras tanto, los sospechosos también enfrentan infracciones a la Sección 10 de la Ley de Ríos y Muelles, la cual prohíbe el levantamiento de cualquier estructura en, debajo o sobre aguas navegables de Estados Unidos.
Además, prohíbe la excavación de material depositable de terrenos de Estados Unidos a dichos cuerpos de agua a menos que dichas obras sean autorizadas por un permiso de parte del Departamento del Ejército estadounidense.
El Mar Caribe y otros cuerpos de agua adyacentes, como humedales, están protegidos por la Sección 10 de la Ley de Ríos y Puertos de Estados Unidos, indicó el USACE en el comunicado.
Ante ello, violaciones a estos estatutos podrían ser resueltas a través de la restauración de recursos afectados por permisologías u otros mecanismos, aunque también podrían enfrentar demandas y acusaciones criminales.
Ante ello, el USACE aceptará todas las responsabilidades de parte del Gobierno de Puerto Rico y otras agencias federales interesadas en expresarse ante las violaciones hechas en la Bahía Jobos y el daño provocado por dichas infracciones.