Nueva York, 17 ene (EFE).- El exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, compareció hoy en la primera jornada de selección del jurado que dirimirá su responsabilidad en la acusación de narcotráfico y de aceptar sobornos por parte del Cartel de Sinaloa a cambio de facilitar las operaciones del grupo.
García Luna, de 54 años, apareció en la sala del Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York vestido con traje azul y corbata gris, una deferencia autorizada por el juez a requerimiento de la defensa, que pidió se le eximiera del uniforme de presidiario.
El exsecretario de Seguridad, que lleva tres años preso desde su captura, apareció hoy con el pelo totalmente canoso, y con semblante serio. En un momento dado, miró hacia el público y se puso una mano en el pecho, como si saludara a un conocido.
Acompañado por sus abogados, en un equipo encabezado por el letrado César de Castro, García Luna llevaba varias hojas en las que iba tomando notas.
Por razones de seguridad, ningún periodista fue hoy admitido en la sala principal donde estaba García Luna, y tuvieron que seguir el proceso por una pantalla colocada en una sala anexa.
En la planta octava del tribunal federal de Brooklin estaban hoy prohibidos los aparatos electrónicos, y únicamente los fiscales y el equipo de la defensa podían portarlos.
En el exterior del tribunal, un puñado de mexicanos se acercaron con carteles escritos a mano en los que pedían justicia con frases en español como: “García Luna, dí la verdad”; “México exige justicia”; “García Luna, no cubras a nadie” o “Calderón sí sabía”, en alusión al expresidente Felipe Calderón, en cuyo gobierno sirvió el hoy procesado.
“Quiero que García Luna diga la verdad y (diga) quién le daba las órdenes, por eso estoy aquí”, asegura a Efe la mexicana Rosalía con una pancarta en la mano.
Rosalía, que no se muestra confiada en la justicia insiste que emigró a Estados Unidos durante el sexenio de Calderón (2006-2012) “porque no había justicia en México”.
SESENTA CANDIDATOS A JURADO COMPARECEN CADA DÍA
Las dos partes se han puesto de acuerdo en una preselección de 191 personas que podrían formar parte del jurado, del total de 400 que fueron convocadas la pasada semana y de las que más de la mitad fueron objetadas por alguna de las partes.
Las 191 están siendo convocadas desde hoy a razón de treinta por la mañana y treinta por la tarde por la jueza Peggy Kuo, encargada del proceso de selección del jurado.
No es obligatorio que las 191 personas sean entrevistadas por la juez o por las partes, ya que en el momento en que aparezcan 12 personas y seis sustitutos que se consideren idóneas y sin prejuicios hacia el caso, se cierra el proceso y se considera completo el jurado.
En la sala entran de uno en uno y responden a las preguntas de la jueza, que traslada a los candidatos las reservas de la fiscalía o de la defensa.
Una de las preseleccionadas dijo a la jueza que “sentía un poco de miedo” y quiso saber si, en caso de ser elegida, estaría en la misma sala que el acusado, pues eso podría condicionar su propia opinión sobre el caso para tomar una decisión justa.
Cuando la jueza le confirmó que así sería y que tendría que compartir ese espacio con García Luna, se mostró visiblemente nerviosa, mientras que García Luna sonreía.
Asimismo, otra candidata lloró y aseguró sentirse nerviosa por el caso, aunque la mayoría de quienes intentaron excusarse arguyeron que les era imposible ausentarse durante dos meses de sus trabajos.
Kuo, que cederá su silla al juez Brian Cogan en cuanto concluya la formación del jurado, apuntó que mañana comparecerán otros sesenta candidatos.
El proceso contra García Luna -considerado uno de los más importantes de los últimos tiempos por el perfil político del acusado, al haber ocupado entre 2006 y 2012 el máximo cargo de seguridad en México- durará aproximadamente dos meses, según insistió hoy la togada Kuo.
Una vez conformado, el jurado será anónimo, permanecerá aislado del público y será trasladado a los juzgados por alguaciles, por motivos de seguridad.
El pasado junio el juez Cogan determinó que había “una fuerte razón para creer que el jurado necesita protección” dada “la peligrosidad del acusado demostrada por la gravedad de los crímenes que se le imputan”.
