Ciudad de México, 28 dic (EFE).- El exprocurador mexicano Jesús Murillo Karam, detenido desde hace cuatro meses por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, regresó este miércoles al reclusorio norte de la Ciudad de México después de que en octubre pasado estuviera en cuidados intensivos por problemas cardíacos y de permanecer en la torre médica de Tepepan (otro reclusorio).
Ante esto, José Javier López García, el abogado del exprocurador, dijo en un comunicado que “la defensa señala lo siguiente: rechazamos la medida, pues pone en riesgo la salud y vida del licenciado”.
Esto porque, detalló, la semana pasada el exprocurador fue diagnosticado de covid-19, “lo cual lo deja en una posición aún más vulnerable en su salud” por las enfermedades que padece.
Murillo Karam padece enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral.
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El 6 de diciembre pasado, la defensa impugnó la determinación del juez de control que negó el cambio de medida cautelar para que Murillo Karam siguiera su proceso en prisión domiciliaria.
Desde su ingreso al Reclusorio Norte, fue trasladado en ocho ocasiones del centro penitenciario a diversos hospitales públicos.
“En la última ocasión, registrada el 19 de octubre, ya no regresó al reclusorio, sino que fue llevado a cuatro diferentes hospitales públicos: Hospital General de Xoco; el Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, donde se le practicó de emergencia una cirugía Edarterecotomia Carotídea de Alto Riesgo; Hospital Belisario Domínguez y la Torre Médica de Tepepan”, describió el abogado del exprocurador.
Murillo Karam, exfuncionario en la presidencia de Enrique Peña Nieto (2012-2018), está procesado desde el 24 de agosto pasado por los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia que presuntamente cometió cuando era encargado del caso Ayotzinapa como titular de la entonces Procuraduría General de la República en 2014.
Su arresto es el de mayor perfil hasta ahora del caso Ayotzinapa y ocurrió tras el informe de la Comisión para la Verdad, que concluyó el 18 de agosto que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “crimen de Estado” con autoridades involucradas de todos los niveles y que no hay indicios de que estén vivos.
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El exprocurador está acusado de ser uno de los fabricantes de la “verdad histórica”, una versión del Gobierno de Peña Nieto que afirmaba que policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cartel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un basurero en el sureño estado de Guerrero.
La Comisión de la Verdad y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador han rechazado esa “verdad histórica” al concluir que no fue posible que los hayan quemado ahí y que, incluso, varios estudiantes permanecieron vivos por días después del hecho.
