Washington, 8 sep (EFE).- El Gobierno del presidente Joe Biden emitió hoy una nueva reglamentación para relajar la norma de “carga pública” -que niega la residencia permanente a los solicitantes con probabilidad de depender de ayuda pública para su subsistencia-, lo que reduciría el número de afectados por esta disposición.
Las nuevas reglas “aseguran un tratamiento justo y humano a los inmigrantes legales y los miembros de sus familias que son ciudadanos estadounidenses”, señaló en un comunicado el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
El cambio hace parte de las promesas de Biden para deshacer políticas de la Administración de Donald Trump (2017-2021), que en 2019 sumó nuevas restricciones para los inmigrantes que usaran o pudieran usar en el futuro servicios de asistencia pública -como cupones de alimentos o subsidio para vivienda-, y que crearon temor en la comunidad inmigrante.
En un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sostuvo que la medida “restaura la noción histórica de ‘carga pública’ que se aplicó por décadas hasta que el Gobierno anterior empezó a considerar beneficios tales como Medicaid y la ayuda alimentaria en la evaluación de si alguien era admisible (para la residencia legal)”.
De acuerdo con las reglas anunciadas hoy, no se le puede negar la admisión o la residencia permanente a un extranjero porque se estime que por su situación económica podría depender del Gobierno para su subsistencia.
El DHS aclaró que no considerará en las determinaciones de carga pública los beneficios recibidos por otros miembros de la familia.
Tampoco considerará la recepción de ciertos beneficios no monetarios como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el programa de salud pública Medicaid, beneficios de vivienda y cualquier beneficio relacionado con vacunas o pruebas de enfermedades transmisibles, entre otros.
Las nuevas reglas “brindan claridad y coherencia a los no ciudadanos sobre cómo el DHS administrará el motivo de inadmisibilidad por carga pública”, resaltó el Departamento.
Los analistas del Instituto de Política Migratoria, Jonathan Beier y Essey Workie, señalaron que las nuevas normas “probablemente no aplacarán los temores en las comunidades inmigrantes, a menos que vayan acompañadas por un robusto plan de educación”.
Por su parte la directora del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Ur M. Jaddou, advirtió que “todavía queda mucho por hacer para superar la confusión y el miedo”.
Agregó que se continuará trabajando para “eliminar las cargas excesivas en el proceso de solicitud” de residencia.
