Denver (CO), 7 jun (EFE).- El gobernador de Colorado, Jared Polis (demócrata), firmó este miércoles una ley que prohíbe la colaboración de agencias locales con agentes federales de inmigración y la construcción de nuevas cárceles privadas en el estado, acelerando con su firma la entrada en vigor de la nueva medida.
La ley HB23-1100 había sido aprobada por el Legislativo estatal el 5 de mayo, estipulando que sin la firma del gobernador la ley tendría que ser aprobada por votación popular en las elecciones de noviembre de 2024 y luego, de contar con un voto positivo, se aplicaría 90 días después de verificarse los resultados de esos comicios, es decir ya en 2025.
Sin embargo, aunque hace solo una semana se dudaba si Polis firmaría el proyecto, hoy lo hizo, por lo que la HB23-1100 se instrumentará por etapas desde ahora y hasta el 1 de enero de 2024, día a partir del cual cesarán los actuales acuerdos de colaboración que dos condados (Teller y Moffat) mantienen con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Desde esa misma fecha, el estado de Colorado ya no emitirá permisos para nuevos centros de detención de indocumentados (como el que ahora opera la empresa GEO Group en nombre del ICE en Aurora, al este de Denver), ni permitirá la venta de terrenos o instalaciones públicas para el uso de cárceles privadas.
“Significativamente, esta ley no cambia de ninguna forma la autoridad o la capacidad del ICE para detener individuos, ni la capacidad de los gobiernos locales de cooperar con el ICE en acciones de cumplimiento de la ley”, explicó Polis al firmar el documento.
“Esta ley prohíbe que entidades gubernamentales estatales y locales firmen acuerdos para la detención de personas en centros de detención de inmigrantes de propiedad de una entidad privada o administrados por una entidad privada. Y también prohíbe que entidades gubernamentales estatales y locales firmen o renueven acuerdos para detener personas solo con propósitos de casos civiles de inmigración”, puntualizó.
Además, dijo, la ley no impone restricciones a los servicios de salud o limpieza que varios condados ofrecen al ICE u otras agencias federales. En el caso específico del condado de Teller, el Gobierno estatal le reembolsará cualquier pérdida económica que podría enfrentar al dejar de colaborar con el ICE.
“Desafortunadamente, esta ley no resuelve ni puede resolver las causas de nuestro inoperante sistema de inmigración, sino que se enfoca en las consecuencias de un sistema que divide a las familias e impide el crecimiento de la economía”, declaró Polis, llamando al Congreso y al Gobierno federales a “finalmente aprobar una reforma migratoria integral”.
“Felicitamos al gobernador Polis por su liderazgo al convertir este proyecto de ley en una ley”, aseveró Ian Pham, director organizador de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC), en declaraciones a EFE.
“Este es un momento histórico para nuestro estado, ya que tomamos una posición contra el impacto aterrador de la aplicación de la ley de inmigración en nuestra comunidad. Esta legislación es un testimonio de los valores de compasión, dignidad e igualdad que definen a Colorado”, sostuvo.
Pham afirmó que, “al adoptar políticas que priorizan el bienestar y la inclusión de todos los residentes, Colorado está sentando un ejemplo para el resto de la nación.” EFE
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