Washington, 6 feb (EFE).- El pacto entre un grupo de senadores demócratas y republicanos con la Casa Blanca para restringir la migración en la frontera sur a cambio de ayuda militar para Ucrania se tambalea en el Congreso por el rechazo de los afines al expresidente republicano Donald Trump.
Un número cada vez mayor de legisladores republicanos está expresando públicamente su rechazo al acuerdo, publicado el domingo, lo que pone en duda que exista el suficiente apoyo para que el proyecto avance.
Ayer en la tarde, tras una reunión a puerta cerrada del partido, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dio permiso a los miembros de su partido para votar en contra de la primera votación de procedimiento prevista para el miércoles.
Para que el texto avance en el hemiciclo, debe contar con el apoyo de 60 de los 100 senadores en esta votación inicial, una cálculo que peligra con la creciente oposición republicana y el rechazo de dos senadores demócratas, Bob Menéndez y Alex Padilla.
Biden culpa a Trump
El presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, acusó este martes a Trump de haber persuadido a los republicanos para que tumben el proyecto para sacar rédito electoral.
“Todo indica que el proyecto ni siquiera avanzará en el Senado. ¿Por qué? Por una razón sencilla: Donald Trump. Él cree que es perjudicial para él políticamente, por lo tanto, no lo apoya, aunque beneficie al país. Prefiere utilizar este tema como un arma antes que resolverlo”, manifestó Biden en un discurso en la Casa Blanca.
Biden recriminó a Trump que haya estado llamando por teléfono a miembros del Congreso de su partido, el republicano, para “intimidarlos” y hacer que voten en contra.
“Parece que están cediendo”, reconoció Biden, quien a continuación instó a los miembros de la oposición republicana a mostrar “valor” y “determinación” votando por lo que creen que es lo correcto, en vez de sucumbir a las presiones de Trump, el favorito para hacerse con la nominación republicana para las presidenciales de noviembre.
El magnate neoyorquino ha mostrado abiertamente su rechazo al proyecto de ley.
En una publicación en la plataforma Truth, aseguró que el acuerdo era una “sofisticada trampa para que los republicanos asuman la culpa por lo que los demócratas radicales han hecho con la frontera”, justo antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.
Los republicanos denuncian “fronteras abiertas”
Algunos de los republicanos que se oponen al proyecto expresaron que no es lo suficientemente “fuerte” para frenar lo que califican de una “invasión” de migrantes a través de la frontera y han criticado a su propio partido por el resultado del acuerdo.
“La idea de que íbamos a apoyar cualquier cosa que saliera de las negociaciones es una porquería”, señaló el senador James David Vance, durante una rueda de prensa conjunta, en la que también participaron Rick Scott y Mike Lee.
“No queremos que la política de fronteras abiertas de Biden se convierta en ley y no queremos hacerle daño a un futuro gobierno republicano limitando su capacidad para reforzar la frontera”, señaló Scott.
Este proyecto de ley es el resultado de semanas de negociaciones entre un grupo de senadores y funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional.
La propuesta ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos y, de ser implementada, representaría una de los mayores cambios a ley migratoria en décadas.
En concreto, la propuesta permite al Gobierno federal prohibir las peticiones de asilo en la frontera cuando se registren 4.000 detenciones diarias durante siete días consecutivos de personas que cruzan de forma irregular.
Si esta prohibición entra en vigor, permitirá a las autoridades migratorias llevar a cabo expulsiones en caliente a México.
El pacto también pone más difícil que se entregue protección a las personas que llegan a Estados Unidos huyendo de sus países por motivos de raza, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política.
A cambio de estos cambios, el Gobierno de Biden conseguiría 60.000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania, 14.000 millones de dólares a Israel, 4.800 millones a Taiwan, y 20.000 millones de dólares para la seguridad fronteriza.
