Washington, 13 dic (EFE).- El actual director ejecutivo de la plataforma de criptomonedas FTX, John Ray, admitió este martes que no había controles internos ni distinción entre esa firma y la compañía de inversiones Alameda Research, dependiente de FTX.
“No había literalmente controles internos ni separación”, dijo en su comparecencia ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes estadounidense.
Su intervención coincide un día después de que el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue detenido en Bahamas después de que el fiscal del distrito sur de Nueva York, Damian Williams, lo acusó de orquestar un fraude contra los inversores.
La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC), que lo demandó este martes, sostiene que Bankman-Fried organizó una trama fraudulenta durante años para ocultar a los inversores de FTX el desvío de los fondos de los clientes a Alameda Research.
De esta manera, Alameda Research tenía una “línea de crédito” que la SEC califica de ilimitada gracias a los fondos de los clientes de FTX.
“Me he comprometido a trabajar lo más rápido posible para investigar qué pasó y presentar conclusiones”, apuntó Ray, que asumió el control de la plataforma después de que FTX anunciara el 11 de noviembre que había pedido acogerse al proceso de bancarrota y que Bankman-Fried había dimitido.
El actual responsable de FTX subrayó que su capacidad para responder al comité se ve limitada por las investigaciones en marcha y por la falta de registros apropiados. La plataforma utilizaba el sistema de contabilidad electrónica QuickBooks, adecuado para firmas pequeñas o emergentes, no para entidades multimillonarias.
Su primera labor como director ejecutivo, dijo, fue autorizar el capítulo 11 del código de bancarrota de Estados Unidos para comenzar el proceso de reestructuración. “Nuestro principal objetivo es mitigar lo máximo posible el daño sufrido por tantos clientes”, apuntó.
En su opinión, hubo una falta de gestión de riesgos personal y financiera y ausencia de una gobernanza independiente en todo el grupo.
“Cada semana tenemos un mejor entendimiento de lo que sucedió”, afirmó Ray, según el cual algunas de las prácticas administrativas “inaceptables” que han sido identificadas incluyen el uso de infraestructura informática que daba acceso al personal a los sistemas que almacenan los activos de los clientes sin controles para evitar que los redirigieran.
También la capacidad de Alameda Research de tomar prestados fondos retenidos en FTX.COM para sus propias operaciones o inversiones sin límite.
Su foco principal, añadió, es general valor para intentar devolver el dinero a los afectados. Hasta el momento han logrado proteger más de 1.000 millones de dólares de activos digitales contra el riesgo de robo o transferencias no autorizadas.
El director ejecutivo recalcó que FTX gastó desde finales de 2021 unos 5.000 millones de dólares en “una miríada” de inversiones y negocios, cuyo valor real puede ser en algunos casos “una fracción” de lo pagado por ellos.
Ray señaló que no cree que Bankman-Fried transfiriera fondos de FTX a Alameda Research “por error” y avanzó que el colapso del grupo parece derivarse de la concentración de poder en manos de gente sin experiencia, a la que acusó de coger dinero de los clientes para sus propios intereses, incurriendo en pérdidas que a veces podían superar el valor de las cuentas.
“Me gustaría decir especialmente a los reguladores, en EE.UU. y el extranjero, que entiendo la indignación y frustración con lo que sucedió. He ordenado a mi equipo que coopere de la manera más amplia y completa posible”, concluyó.
Además dijo que “no confía en ni un solo papel” de un grupo cuyos propietarios podían actuar “sin frenos” y donde tal vez había carteras que desconoce.
Esta semana, añadió, saldrán a la venta algunas inversiones de FTX.
La plataforma, que llegó a estar valorada en 32.000 millones, podría tener más de un millón de acreedores en todo el mundo. Su fundador fue acusado este martes de ocho cargos, entre ellos el de fraude electrónico, lavado de dinero y violación de las leyes de financiación de campañas políticas.