Washington, 25 jul (EFE).- El Gobierno estadounidense condenó este lunes la ejecución de cuatro activistas favorables a la democracia en Birmania y consideró que es “un nuevo ejemplo” del desprecio del régimen de ese país a los derechos humanos.
“La farsa de juicios y estas ejecuciones son intentos flagrantes de acabar con la democracia. Estos actos nunca eliminarán la valentía de la población de Birmania”, dijo en un comunicado el secretario de Estado, Antony Blinken.
Para el jefe de la diplomacia estadounidense, “estos actos de violencia reprobables son un nuevo ejemplo del total desprecio del régimen hacia los derechos humanos y el estado de derecho”.
El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, insistió durante una rueda de prensa en que, en lo que respecta a sanciones contra la Junta, “todas las opciones están sobre la mesa”.
“Cuando consideramos estas opciones, por supuesto nos fijamos en el impacto humanitario para el pueblo birmano, que ya ha sufrido demasiado durante demasiado tiempo, pero todas las opciones están sobre la mesa”, explicó Price.
Por eso, Estados Unidos se coordinará con el resto de países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para tratar de decidir “otras respuestas” y promover una vuelta a la democracia en el país.
El portavoz reconoció que “no es suficiente” condenar las ejecuciones y aseguró que la respuesta estadounidense no se limitará a esto y le dejará muy claro a sus aliados internacionales que las relaciones con la junta militar birmana no pueden seguir como hasta ahora.
También hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que cese la venta de armas a las autoridades militares de la Junta.
La junta militar birmana que se impuso en el poder tras el golpe de hace un año y medio ha ejecutando a cuatro activistas prodemocracia acusados de “actos terroristas”, los primeros en ser llevados al patíbulo en décadas en el país asiático.
Entre los ejecutados se encuentran al antiguo parlamentario de la Liga Nacional para la Democracia Phyo Zeya Thaw y el activista Ko Jimmy, condenados en enero por cargos de terrorismo a raíz de sus actividades contra la Junta.
Los otros dos son Hla Myo Aung y Aung Thura Zaw, acusados de haber matado a una mujer por ser supuestamente confidente de los militares.
Desde febrero de 2021, según Blinken, el régimen “ha perpetuado la violencia contra su propia población, matando a más de 2.100 personas”, provocando que haya “más de 700.000 desplazados y deteniendo a miles de personas inocentes, incluidos miembros de la sociedad civil y periodistas”.
Desde Washington se pidió a la Junta que “respete las aspiraciones democráticas” de los birmanos, recalcando que estos “han demostrado que no quieren vivir ni un día más bajo la tiranía del régimen militar”.
