Miami (EE.UU.), 29 ene (EFE).- El Departamento de Justicia ha abandonado el proceso judicial contra los dos coacusados en el proceso contra el actual presidente de EEUU, Donald Trump, por retención ilegal de documentos clasificados, una acusación que en el caso del mandatario había sido desestimada tras su triunfo electoral en 2024.
Según una moción hecha pública este miércoles, la Fiscalía federal informó a los jueces del Undécimo Circuito de Apelaciones que retiraba de forma voluntaria la apelación en el proceso contra Waltine Nauta y Carlos DeOliveira, los dos coacusados por conspiración para obstruir los esfuerzos del gobierno por recuperar los documentos clasificados.
El ahora exfiscal especial Jack Smith mantenía vigente una apelación en este tribunal, con sede en Atlanta (Georgia), contra ambos en el caso del mal manejo de documentos clasificados por el expresidente (2017-2021), una acusación presentada en 2023 y que fue desestimada el año pasado por la jueza federal Aileen Cannon.
La magistrada, designada durante el primer mandato de Trump, alegó que el nombramiento de Smith como fiscal especial era inconstitucional.
El anuncio de la Fiscalía federal, que aún debe ser aprobado por el tribunal de apelaciones, supone una de las últimas acciones en los procesos penales que enfrentaba Trump antes de su victoria en las elecciones de noviembre pasado.
Este mismo mes de enero se difundió el informe final de Smith, que investigó también los presuntos intentos de Donald Trump de subvertir los resultados de las elecciones de 2020 en EEUU, un caso igualmente desestimado después del triunfo electoral del republicano en 2024.
En el documento, Smith concluye que había pruebas suficientes para condenar a Trump, quien realizó “una serie de esfuerzos criminales para retener el poder” después de ser derrotado por el demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020.
El informe enumera los presuntos intentos de Trump de subvertir los resultados de las elecciones de 2020, que incluyen “presión sobre funcionarios estatales”, “electores fraudulentos”, “presión sobre el vicepresidente” Mike Pence y una sección sobre cómo grupos de trumpistas atacaron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 para impedir que se certificara la victoria de Biden.
Según el fiscal especial, que dimitió este mes, había evidencia suficiente para condenar a Trump en un juicio si su victoria en las elecciones de 2024 no hubiera hecho imposible que la acusación continuara.
Tal como informaron esta semana medios estadounidenses, el Departamento de Justicia de EE.UU. ha despedido a funcionarios que trabajaron en el equipo que investigó a Trump.
El fiscal general interino, James McHenry, no confía en que esos empleados “ayuden a implementar fielmente” la agenda del nuevo presidente, que asumió el cargo el pasado 20 de enero.
