Los Ángeles, 27 feb (EFE).- La demanda contra el Ejecutivo de EE.UU. por querer poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) ha concluido con el compromiso del gobierno federal de no restablecer la política impuesta por la Administración de Donald Trump (2017-2021), anunció este martes la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).
La batalla legal, iniciada en 2018 en California por nueve inmigrantes beneficiarios del TPS y cinco ciudadanos estadounidenses con padres protegidos por este amparo migratorio, logró detener una orden del expresidente Trump de no renovar la protección a más de 400.000 migrantes, lo que los exponía a la deportación.
La querella argumentaba que, a pesar de que el TPS es una acción ejecutiva, el entonces presidente no tenía la autoridad de terminar el amparo y que “la acción hacía parte de la agenda antiinmigrante y de supremacía blanca que el gobierno ha impulsado”.
Emi MacLean, abogada de ACLU y que representó a los inmigrantes, dijo hoy en un comunicado que el esfuerzo apoyado por La Red Nacional de Jornaleros (NDLON) impidió que ningún beneficiario perdiera el TPS “como resultado de las acciones racistas e ilegales de la Administración Trump”.
“Si no se hubiera detenido, (la orden) habría puesto fin a la protección humanitaria para más del 98 % de todas las personas que tenían este estatus en ese momento (2017)”, añadió.
El caso llegó a su fin después que el Gobierno del presidente Joe Biden renovó el año pasado el TPS para inmigrantes de El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua y volvió a designar a los países de Haití y Sudán como países beneficiados.
El gobierno federal se comprometió con el tribunal a que “la conducta ilegal que perpetró en 2017 y 2018 ‘no será restablecida’”, explicó Ahilan Arulanantham, abogado de los demandantes y profesor de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA).
“Si el gobierno incumple su palabra, lo haremos responsable”, añadió el jurista.
En su campaña de reelección, el expresidente Trump ha dicho que parte de su plan migratorio, en caso de ser reelegido, es poner fin nuevamente al TPS.
Al respecto, Hiwaida Elarabi, demandante de Sudán y miembro líder de African Communities Together, dijo en el comunicado que se ha aprendido mucho en esa pugna legal y que estarán “listos para luchar de nuevo, si es necesario”.
Por su parte, José Palma, titular del TPS y coordinador de la Alianza Nacional del TPS, nacida tras la demanda, advirtió que la lucha de este grupo es más amplia y que irá más allá de ganar litigios.
“Organizándonos hombro con hombro, luchamos para defender el programa TPS y ganamos. Aunque aún no hemos llegado a nuestro destino de lograr la residencia permanente, sabemos que solo el pueblo salva al pueblo”, puntualizó el hispano.
