Washington, 30 ene (EFE).- Un grupo de congresistas demócratas y diversas organizaciones de derechos humanos reclamaron este lunes al presidente estadounidense, Joe Biden, que suspenda “de inmediato” la asistencia de seguridad que se concede a Perú hasta que termine en ese país la represión violenta de las protestas.
La misiva pide también que esos fondos se paralicen hasta que las autoridades peruanas “tomen medidas para investigar los crímenes contra los derechos humanos y enjuiciar a los responsables”.
El texto está firmado por una veintena de legisladores, entre ellos Jesús “Chuy” García, Raúl Grijalva, Juan Vargas, Nanette Barragán y Alexandria Ocasio-Cortez, y respaldado por ocho organizaciones, como el Center for Economic Policy and Research (CEPR) o Amazon Watch.
Su carta a Biden, con copia al secretario de Estado, Antony Blinken, al de Defensa, Lloyd Austin, y a la embajadora estadounidense en Perú, Lisa Kenna, muestra su alarma “por las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado peruano en su respuesta a las protestas”.
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La crisis arrancó el pasado 7 de diciembre tras el fallido autogolpe de Estado del entonces presidente Pedro Castillo, quien fue arrestado tras intentar disolver el Congreso, formar un Gobierno de excepción y abrir un proceso constituyente.
Desde entonces, las protestas contra el nuevo Gobierno de Dina Boluarte han causado 65 muertos.
Los congresistas subrayan a Biden que paralice la ayuda en seguridad hasta que su Administración “pueda confirmar a los miembros del Congreso que este patrón de represión ha terminado, y hasta que las autoridades peruanas hayan tomado medidas efectivas para garantizar la justicia y la rendición de cuentas”.
“También instamos a su Administración a que denuncie públicamente estas continuas violaciones de derechos humanos y ejerza presión sobre el Gobierno peruano para que respeten los derechos a la protesta pacífica y al debido proceso”, añadieron.
En su opinión, las fuerzas del orden peruanas han respondido a las manifestaciones “con un uso arbitrario y desproporcionado de la fuerza”.
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Las declaraciones de funcionarios estadounidenses apoyando al Ejecutivo de Boluarte o llamando “a la paz en todos los frentes”, a su juicio, envían “un mensaje ambiguo”.
“El Gobierno de EE.UU. puede y debe hacer más. Creemos que nuestras acciones propuestas enviarían una poderosa señal en apoyo a los derechos fundamentales y ayudarían a promover un compromiso efectivo para una solución política”, concluyeron.
