Denver (CO), 15 feb (EFE).- Los gobiernos de Colorado y su capital, Denver, así como organizaciones comunitarias anunciaron que reducirán o cancelarán servicios a migrantes debido a los excesivos gastos sociales generados por su llegada masiva desde fines de 2022, que ha afectado a sus residentes.
Simultáneamente, varias ciudades y condados de Colorado han aprobado esta semana resoluciones y ordenanzas indicando que no destinarán fondos propios para los nuevos migrantes, la mayoría de ellos venezolanos y colombianos, ni aceptarán que Denver envíe a esas jurisdicciones a personas desplazados de los albergues migratorios municipales.
En el caso de Denver, el alcalde Mike Johnston anunció recortes al presupuesto estatal en respuesta a la “oleada de inmigrantes desde la frontera sur”. Según datos oficiales, unos 38.000 inmigrantes llegaron a Denver en los últimos 18 meses, por lo que las autoridades locales debieron destinar unos 180 millones de dólares para albergarlos y alimentarlos.
Antes de esta crisis, el presupuesto anual de Denver era de sólo 800.000 dólares anuales.
Como resultado de estos recortes, las autoridades informaron este miércoles que desde el próximo martes 20 de febrero y hasta nuevo aviso los 30 centros recreativos de Denver cerrarán a las 8 de la noche durante la semana y al mediodía los sábados, permaneciendo cerrados los domingos. Además, el costo de la membresía se encareció.
Andrés Carrera, director de asuntos políticos de la Alcaldía de Denver, indicó a EFE que la municipalidad local ya no podrá pagarles a los traductores antes contratados para ayudar a los nuevos inmigrantes.
“La ciudad de Denver necesita urgentemente unos 500 voluntarios bilingües para determinar si los recién llegados que siguen en los albergues de la ciudad califican para solicitar permiso de trabajo”, comentó Carrera, subrayando que los voluntarios deben “saber traducir documentos de identidad y trabajar como recepcionistas”.
Además, Colorado Sin Hambre (HFC, una coalición de 600 organizaciones de ayuda comunitaria) debió suspender sus operaciones en línea y limitar el horario de atención telefónica al público debido a la “desafiante situación” creada por los nuevos inmigrantes, según declaró a EFE su portavoz, Ellie Agar.
“Nosotros proveemos información específica a nivel de vecindario de recursos contra el hambre, pero no información general como la solicitada por los nuevos inmigrantes. Por eso, hemos desconectado nuestro ‘chat’ en línea”, puntualizó.
Las Escuelas Públicas de Denver (DPS, el principal distrito escolar de Colorado y con mayoría de alumnos hispanos) también debió consolidar servicios y ajustar su presupuesto por la inscripción en el ciclo escolar en curso de unos 3.200 estudiantes venezolanos, quienes se incorporaron a las clases luego de que DPS recibiera los fondos para 2023 y 2024.
Por ejemplo, la Escuela Primaria Valdez en el barrio hispano del oeste de Denver carece de suficientes pupitres para los nuevos estudiantes. Tampoco tiene suficientes profesionales para ayudar a los alumnos que no hablan inglés. Como respuesta, el subdirector del establecimiento, César Sánchez, usó su camioneta particular para recoger muebles donados, y varios educadores donan su tiempo en esa escuela.
Pero no todos los funcionarios de Denver están de acuerdo en reducir las operaciones de sus agencias. Paul López, secretario y registrador de Denver calificó como “absolutamente inaceptable” los recortes.
“No se puede realizar una elección sin los recursos adecuados para poder hacerlo. Lo bueno es que también soy un funcionario electo independiente No trabajo para el alcalde”, sostuvo este miércoles el funcionario en declaraciones a los medios locales.
Y por separado, los concejos municipales de las ciudades de Lakewood y de Colorado Springs aprobaron esta semana resoluciones indicando que no aceptarán a nuevos inmigrantes.
En Colorado Springs, el concejal Dave Donelson impulsó una medida, también adoptada por el condado El Paso, en la que se insta a los ciudadanos a “abstenerse de aceptar la crisis al aceptar a los inmigrantes”.
En Lakewood (suburbio de Denver), los concejales dijeron este martes que “ni siquiera están debatiendo la posibilidad de usar edificios vacíos” para alojar a los inmigrantes.
Jurisdicciones alejadas de Denver, como los condados Mesa y Summit en el oeste del estado, anunciaron medidas similares. “Le daremos prioridad a nuestros residentes”, dijo este miércoles la comisionada Janet Rowland, del condado Mesa.
