Washington, 8 feb (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió este miércoles al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva a revertir la crisis humanitaria del pueblo indígena Yanomami, en la selva amazónica, causada durante el mandato de su antecesor, Jair Bolsonaro.
En un comunicado, el organismo expresó su “consternación por la grave crisis humanitaria” que ha provocado la muerte de 570 niños yanomamis e hizo un llamamiento al Estado brasileño para que garantice “la supervivencia de esa población”.
La semana pasada, el Gobierno de Lula da Silva ordenó la retirada de los mineros ilegales de la tierra Yanomami, el mayor territorio indígena del país, y decretó el estado de emergencia sanitaria por las graves condiciones de desnutrición y de enfermedades en la zona.
La CIDH aseguró que la inseguridad alimentaria del pueblo Yanomami está “directamente relacionada con la discriminación étnico racial” y con la “invasión de los mineros ilegales”, que han afectado las fuentes tradicionales de alimento.
“La minería ilegal también ha contribuido con la propagación de enfermedades contagiosas y el incremento de la violencia intercomunitaria”, dijo el organismo vinculado a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La Comisión dijo que toma nota de la decisión del nuevo Gobierno brasileño de haber decretado el estado de emergencia sanitaria, con lo que más de mil personas indígenas con estado de salud crítico han sido atendidos para evitar su muerte.
Además, reprochó “la omisión” del Ejecutivo anterior de Bolsonaro ante “las múltiples denuncias solicitudes de protección por parte del pueblo Yanomami, ignoraron la situación de violencia, ataques y asesinatos”.
Con todo, la CIDH urgió “al Estado de Brasil a que intensifique sus esfuerzos para reparar y revertir la crisis humanitaria y de derechos humanos que afecta a la población Yanomami”.
Las autoridades de Brasil afirmaron este miércoles que han comenzado a retomar el control del territorio indígena Yanomami, en la selva amazónica, con el inicio de la expulsión de los cerca de 15.000 mineros ilegales que operan en la zona.
El número de mineros ilegales se disparó en las tierras indígenas en los últimos cuatro años, alentados por el Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, un firme defensor de la explotación de los recursos de la Amazonía.
