Juez ordena reactivar una línea para migrantes detenidos que salió en Netflix

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Un juez federal en Los Ángeles ordenó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) reactivar una línea telefónica gratuita de asesoría legal a inmigrantes detenidos que fue desconectada el año pasado, tras ser publicitada en la serie de televisión “Orange Is The New Black”.

La orden preliminar fue dada este martes por el magistrado André Birotte Jr. del Tribunal del Distrito Federal en Los Ángeles, como respuesta a la demanda hecha por la organización Freedom for Immigrants (FFI), encargada de prestar el servicio gratuito.

El enfrentamiento entre FFI y ICE comenzó en agosto del año pasado después que el número de la línea telefónica fuera mencionado en la popular serie de Netflix, y las autoridades lo cancelaran.

“Durante demasiado tiempo, ICE ha censurado nuestro discurso e inventado reglas imaginarias para terminar nuestros programas. El tribunal vio a través de esta farsa y restauró nuestra línea directa nacional “, dijo en un comunicado Christina Fialho, cofundadora y directora ejecutiva de FFI.

Desde 2013, FFI había logrado instalar el servicio en centros de detención de inmigrantes del país tras un acuerdo con la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según Fialho, las líneas gratuitas dejaron de funcionar el pasado 7 de agosto, dos semanas después del estreno de la séptima y última temporada de “Orange Is The New Black”, en la que se menciona el número del servicio (9481).

En el quinto capítulo, titulado “Minority Deport”, el personaje de Maritza (Diane Guerrero), una inmigrante que está en vías de ser deportada, descubre que existe una línea telefónica gratuita a la que puede llamar para obtener asesoría legal sin coste alguno.

El número y el servicio se mencionan luego en otros episodios de la temporada, y esto forma parte de una campaña desarrollada entre los productores de la serie y la organización.

“Este caso debería recordarnos a todos que la administración Trump no es una ley en sí misma, sino más bien responsable ante el pueblo y nuestra Constitución”, subrayó Fialho.

El abogado Moez M. Kaba, socio de Hueston Hennigan, quién representó a FFI, explicó en el comunicado que “se demostró que el discurso de su cliente fue un factor sustancial y motivador detrás del cierre de la línea directa por parte del Departamento de Seguridad Interna (DHS)”.

El fallo preliminar ordena a las autoridades federales detener “las interferencias con el funcionamiento de la línea directa gratuita y confidencial”.

Continuaremos usando la línea directa para registrar abusos y elevar las historias que este sistema está tratando de silenciar”, concluyó Cynthia Galaz, directora nacional de línea directa de FFI.

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