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Los Ángeles, 22 jul (EFE).- Campesinos de California enfrentan la grave encrucijada de escoger entre perder su salario o arriesgar la vida y seguir trabajando en zonas de incendios donde los granjeros de varios condados tienen permiso para enviarlos.
El programa AG Pass (Pase de Agricultor) permite que trabajadores agrícolas y cuidadores de animales trabajen en zonas donde se ha ordenado la evacuación de los residentes por incendios u otros desastres naturales.
Las autoridades de los condados de Sonoma, Napa, Monterey, Santa Bárbara y Ventura aprobaron en años recientes esa excepción a las normas de seguridad en respuesta a los pedidos de dueños de cultivos y ranchos.
Los propietarios han presionado por la aplicación del pase especialmente para amortiguar las millonarias pérdidas derivadas de los fuertes incendios, que suelen coincidir con la temporada de recolección de uvas (agosto a octubre). Argumentan que la “contaminación por humo” arruina esas cosechas de alto valor.
Pero la polémica medida ha provocado serias preocupaciones entre los campesinos y sus defensores.
Max Bell Alper, director de North Bay Jobs for Justice, organización de defensa de trabajadores inmigrantes, dijo a Efe que uno de los mayores problemas del programa es que no da a “opciones” a los trabajadores, quienes “dicen tener la necesidad económica de ir a los campos en esas condiciones”.
Es la situación de la mexicana Sandra De León, que ha recolectado uva en el condado de Sonoma en medio de incendios para sostener a sus tres hijos. “Dependen de mí; si no trabajo no comen. No tengo para pagar mi renta. Los incendios ya me han dejado varios meses sin trabajar y la pasé muy mal sin paga”, relató a Efe.
La inmigrante preferiría no tener que ir a trabajar a las zonas de evacuación. “Es muy feo. No se puede respirar, arden los ojos. Uno siente que el polvo y la ceniza se meten dentro de uno. Al salir vamos todos grises por la ceniza”, refirió.
Un reciente estudio de la Universidad de California-Irvine (UCI) encontró que unos 300 trabajadores agrícolas fueron puestos en peligro al trabajar en el perímetro de dos fuertes incendios en la zona vinícola en 2020 debido al AG Pass.
“Trabajadores entrevistados dijeron que su saliva era negra cuando estaban en esas zonas”, contó a Efe Michael Méndez, profesor de Planificación y Política Ambiental de UCI y autor del estudio.
Aparte de los problemas de salud por el humo y la ceniza, el estudio halló que algunos de los 233 pases expedidos en Sonoma en 2020 no indican cuántos trabajadores fueron enviados a esas áreas. Méndez advierte que ello eleva el riesgo de que algún campesino pueda quedarse atrás si las llamas obligan a los trabajadores a salir. También dificulta la labor de bomberos y rescatistas.
“El fuego salta y puede rodear a los trabajadores muy rápido. Salir de los cultivos no es fácil cuando llega el incendio”, señaló a Efe la trabajadora y activista Anabel García, que desde 2008 ha trabajado en la zona vinícola.
Agrega que ella y su esposo, quien también trabaja en los campos, han atestiguado que los incendios ahora se propagan más rápido (debido al calentamiento global). “Los rancheros, los políticos y los funcionarios tienen que darse cuenta de que nos están poniendo en gran riesgo, y que nuestras vidas valen”, sostuvo.
En Sonoma, una campaña liderada por North Bay Jobs With Justice ha pedido que se revalúe el AG Pass, implantado en 2017. Urgen a que se compense de forma justa a los trabajadores enviados a las zonas de evacuación y que se les ofrezca un seguro contra desastres, entre otras medidas.
Bell Alper, quien ha impulsado la campaña, considera que las regulaciones deberían venir desde la Legislatura de California, ya que esta clase de programas han ganado popularidad en el estado debido al aumento en la probabilidad de incendios.
Aproximadamente la mitad de los condados del estado están desarrollando o han lanzado ya sistemas similares, y una nueva ley estatal formalizó partes de estos programas el año pasado, aunque sólo para la industria ganadera.
Al menos dos proyectos de ley para ayudar a los trabajadores agrícolas en casos de desastre están siendo considerados en la Legislatura estatal, pero los activistas temen que la influencia de los propietarios no permita su aprobación.
“El cambio climático está aquí y es necesario actuar para proteger a los trabajadores de los que dependen estas industrias”, insistió Méndez, quien pide más transparencia en la aprobación de programas como el AG Pass. “El público necesita saber y opinar”.
Agrega que se necesitan medidas de protección, entrenamiento e información en los idiomas de los inmigrantes sobre estos programas.
Bell Alper también apunta el dedo hacia los contratistas que sirven de intermediarios entre los campesinos y los propietarios, y que están “ayudando a los rancheros a eludir responsabilidades”.
“Antes fue difícil trabajar en el campo pero ahora es más peligroso. Tenemos que reconocer que los campesinos y los trabajadores agrícolas merecen más”, enfatizó.
De León espera es que ningún incendio se presente en la temporada de recolección de uva, pero sabe que las olas de calor no demoran en avivar un incendio.
“Será confiar en que Dios nos proteja”, concluyó.
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