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Washington, 11 ago (EFE).- Un tribunal federal de Tenesí admitió una demanda colectiva contra agencias del gobierno iniciada por trabajadores hispanos detenidos en una redada de inmigración en 2018 al considerar que hubo discriminación, uso excesivo de la fuerza y arrestos falsos, informaron este jueves grupos de derechos civiles.
En abril de 2018 agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), la Patrulla de Caminos de Tenesí y el Departamento de Policía de Morristown rodearon una planta de procesamiento de carnes en esa localidad.
Al menos 97 trabajadores fueron detenidos en la redada y los grupos de derechos humanos denunciaron que decenas de niños y niñas habían quedado en las calles cuando sus familiares no fueron a recogerlos de las escuelas.
El Centro Nacional de Ley de Inmigración (NILC) y el Southern Poverty Law Center (SPLC) gestionaron la certificación para una demanda colectiva a nombre de los trabajadores alegando que habían sido objeto de persecución y captura solamente por razón de su “raza” y grupo étnico.
La redada, que fue la mayor en un sitio de trabajo en décadas, “se condujo de manera innecesariamente violenta y humillante para los trabajadores latinos”, dijo Michelle Lapointe, abogada de NILC.
Por su parte Meredith Stewart, abogada de SPLC, señaló que “la Constitución protege a todas las personas contra los excesos policiales, y los miembros de este grupo esperan que ese derecho sea reivindicado en el Tribunal”.
La demanda ante tribunales federales alega que las autoridades conspiraron para violar los derechos de protección igualitaria bajo la ley para los trabajadores, con uso excesivo de la fuerza y arrestos falsos.
El Tribunal Federal del Distrito Este de Tenesí otorgó esta semana la certificación, lo cual permite que la querella colectiva continúe su trámite.
En su decisión, el tribunal hizo notar que “cuando se preparaba la redada, los agentes del caso hablaron con frecuencia acerca de arrestar a los trabajadores hispanos y equipararon el ser hispano con estatus ilegal en el país”.
Asimismo el tribunal señaló que las evidencias presentadas hasta ahora muestran que “ningún trabajador blanco fue arrestado en el día de la redada” y que “los individuos arrestados eran uniformemente hispanos”.
Los agentes “detuvieron a empleados latinos, incluso los que declararon que tenían permisos de trabajo válidos y los transportaron en camionetas”.
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