Los Ángeles, 8 jul (EFE).- El Gobierno del presidente Joe Biden hizo una solicitud de emergencia este viernes al Tribunal Supremo para que le permita aplicar su guía de prioridades para arresto y deportación de inmigrantes, que ha sido bloqueada por cortes inferiores.
La pauta emitida en septiembre pasado pide a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) enfocar sus esfuerzos de detención en aquellos inmigrantes que suponen un peligro para la seguridad de Estados Unidos. La guía de prioridades enfrentó esta semana dos decisiones contradictorias de tribunales de apelaciones respecto a varias demandas de estados republicanos, que piden eliminar las prioridades y mantener la política de arresto del Gobierno del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021), que puso en la mira de la deportación a todos los indocumentados. El martes pasado el Sexto Tribunal de Apelaciones en Cincinnati falló en favor de la Administración Biden al anular la orden de un juez de distrito que suspendió la guía en una demanda presentada por Arizona, Ohio y Montana. Sin embargo, un día después el Quinto Tribunal de Apelaciones en Nueva Orleans se puso del lado de un juez federal en Texas, que anuló la guía de prioridades del ICE al fallar en favor de una demanda presentada por los estados de Texas y Luisiana. Esta última decisión ha obligado al Departamento de Justicia a acudir al máximo tribunal para que le permita implementar la guía de prioridades en todo el país, o al menos en todos los estados exceptuando Texas y Luisiana. La disputa de Texas y Luisiana por las prioridades del ICE comenzó en febrero de 2021 cuando se instruyó a los agentes a enfocar los esfuerzos para detener, y eventualmente deportar, a los inmigrantes considerados un peligro para la seguridad nacional y el orden público. En un fallo preliminar en agosto pasado el juez federal Drew Tipton en Texas bloqueó la orden ejecutiva de Biden En respuesta al fallo, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, en septiembre pasado anunció una nueva norma que requiere “una evaluación del extranjero y la totalidad de los hechos y circunstancias para garantizar que los recursos del ICE se concentren de manera más eficaz en aquellos que representen una amenaza”. La nueva regla, que entró en vigor el pasado 29 de noviembre, también da prioridad a la detención y deportación de quienes hayan cruzado la frontera recientemente de forma ilegal.
