Washington, 6 jul (EFE).- El secretario de Educación, Miguel Cardona, anunció este miércoles cambios en el sistema de la deuda estudiantil que “protegerán a los prestatarios y harán que sus universidades respondan por sus manejos”. El gobierno del presidente Joe Biden hasta ahora ha cancelado casi 26.000 millones de dólares en las deudas estudiantiles de más de 1,3 millones de prestatarios, en gran parte por préstamos de estudiantes defraudados por sus universidades. “Tenemos el compromiso de reparar un sistema quebrantado”, indicó Cardona en una declaración. “Si un prestatario califica para alivio de la deuda estudiantil, no debería tener que superar montañas de papeles en trámites ni debería ser un abogado para obtenerlo”. Las modificaciones anunciadas hoy incluyen medidas que ayudarían a resolver los préstamos de estudiantes con discapacidades físicas o mentales, limitarían las tasas de interés, y ayudarían a que los prestatarios trabajen en el servicio público para obtener la condonación de sus préstamos. Las normas crearán una vía para que los prestatarios reciban la condonación de sus préstamos si los colegios o universidades se aprovecharon de ellos. Esto incluye el permiso para demandas colectivas, elimina los límites excesivamente estrictos para los plazos en los cuales los prestatarios pueden presentar una demanda, e incluye las prácticas agresivas y engañosas que, supuestamente, han empleado algunas instituciones educativas. Las regulaciones buscan aliviar la carga de la deuda estudiantil para los prestatarios cuyas escuelas cerraron o les mintieron, que están total y permanentemente discapacitados, como también para los trabajadores del servicio público que cumplen los requisitos del programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público (PSLF, en inglés). “Hemos recibido informes de prestatarios que han encontrado obstáculos cuando intentan obtener el alivio de préstamo al cual tienen derecho”, dijo James Kvaal, subsecretario de Educación. Las normas propuestas se publicarán en los próximos días y se abrirá un plazo de 30 días para recibir comentarios del público. El Departamento de Educación indicó que espera tener listo su plan para el 1 de noviembre con el objetivo de que las modificaciones entren en vigencia antes del 1 de julio de 2023.
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