El Paso (EE.UU.), 22 jun (EFE).- Las alternativas a abortar en Texas caben en la pizarra de una clínica en El Paso: dos semanas de espera para una cita en Colorado, tres en Nuevo México, cuatro en Kansas… Un preludio de lo que ocurrirá en buena parte de EE.UU. si el Tribunal Supremo erosiona el derecho a interrumpir el embarazo.
Han pasado más de nueve meses desde que entró en vigor el veto casi total al aborto en Texas, pero hay algo que a Miranda Aguirre le cuesta igual que el primer día: comunicar a las pacientes de su clínica que se ha detectado actividad eléctrica en las células cardíacas del feto.
“Es una sensación de derrota”, reconoce en una entrevista con Efe la directora del único centro que aún practica abortos en El Paso, perteneciente a la organización de salud reproductiva Planned Parenthood.
Ese tipo de actividad cardíaca suele detectarse a las seis semanas de gestación, un momento en el que muchas mujeres aún no saben que están embarazadas. Es a partir de entonces cuando la ley SB 8 de Texas prohíbe abortar, y cuando comienza una carrera contrarreloj para encontrar otras opciones.
“Ahí nos ponemos en marcha: ¿Adónde va a ir esta paciente? ¿Cómo de lejos tiene que viajar? ¿Cómo podemos conseguirle una cita?”, explica Aguirre.
En la pizarra de su despacho va escribiendo el tiempo de espera para conseguir una cita para abortar en los estados vecinos. En las últimas semanas ha tenido que olvidarse de Oklahoma, que ha aprobado el veto más estricto de todo el país.
Pero incluso en ese caso, la semilla se plantó en Texas.
EL LABORATORIO DE LOS VETOS AL ABORTO
El peculiar mecanismo ideado por los legisladores texanos para evitar que los tribunales tumbaran su ley ha sido copiado en otros estados como Oklahoma o Idaho y ha permitido a los líderes conservadores de todo EE.UU. saborear la victoria que buscaban desde hace décadas: un jaque mate al acceso al aborto en su territorio.
“Texas siempre ha sido el laboratorio de los vetos al aborto”, apunta a Efe la presidenta de la junta directiva de West Fund, que se identificó únicamente como Rachel.
West Fund ayuda a financiar los viajes de mujeres de El Paso y sus alrededores a Nuevo México, un estado liderado por demócratas donde el derecho a abortar está protegido. La mayoría de quienes buscan interrumpir su embarazo en EE.UU. son pobres, y al coste de entre 500 y 1.500 dólares del procedimiento deben añadirse los gastos de desplazamiento, comida, hotel o cuidado infantil.
“No conseguimos financiar todo lo que nos gustaría”, admite Rachel, que describe un “aumento” notable en las peticiones que ha recibido su organización desde que entró en vigor el veto en Texas y una gran “confusión” entre la población sobre lo que es legal y lo que no: “La ley está diseñada para asustar a la gente”.
EL MIEDO EN EL AIRE
El veto no permite demandar a las mujeres que abortan, pero sí a quienes las ayuden a hacerlo, desde los médicos hasta los taxistas que las lleven a la clínica; e incentiva a cualquier ciudadano a denunciar, con recompensas de hasta 10.000 dólares si ganan el litigio.
Aunque no ha habido juicios sonados desde que entró en vigor el veto, sí ha aumentado la desinformación y el miedo de muchas mujeres a ser criminalizadas, sobre todo a raíz del caso de Lizelle Herrera, una residente del texano valle del Río Grande que fue acusada de asesinato en abril por un presunto aborto autoinducido.
Los cargos en su contra se acabaron retirando, pero en el aire quedó la duda, el temor de muchas mujeres a ser procesadas por abortar. Y ese pánico lo impregna todo: hay casos de pacientes que están perdiendo un embarazo deseado, acuden a la sala de urgencias de un hospital y allí “no quieren ayudarlas, por miedo a enfrentar consecuencias” legales, cuenta Aguirre.
Aún así, el interés por los abortos autogestionados ha aumentado: algunas consiguen la medicación en México, donde se vende en farmacias, y otras la piden por correo, aunque sea ilegal.
Las que lo tienen más difícil son las indocumentadas en la zona fronteriza, que no pueden viajar porque en todas direcciones hay garitas en las que piden los papeles.
“Las están obligando a elegir entre la deportación o el parto forzado”, afirma a Efe la directora de filantropía de Planned Parenthood en el oeste de Texas, Xochitl Rodríguez.
LA ESPERANZA EN NUEVO MÉXICO
En los próximos días se espera que el Supremo confirme un temor que ya se ha convertido en certeza: un borrador filtrado en mayo adelantó que ese tribunal planea derogar el fallo que en 1973 legalizó el aborto en todo EE.UU.
Cuando eso ocurra, cada estado podrá decidir cómo regula ese derecho, y se espera que 26 territorios liderados por conservadores lo restrinjan. Como de costumbre, Texas estará a la vanguardia; ya tiene aprobada una ley que prohibirá el aborto por completo 30 días después del veredicto del tribunal.
A menos de dos kilómetros de El Paso, Franz Theard está preparado: su clínica en Santa Teresa, una pequeña localidad limítrofe de Nuevo México ha atendido a un 60 % más de pacientes en el último año, y calcula que casi la mitad llegan desde el este de Texas, tras muchas horas de carretera a sus espaldas.
“Queremos ser un refugio para quienes buscan abortar”, dice a Efe ese médico de origen haitiano, que regentó durante casi tres décadas una clínica en El Paso donde soportó amenazas y todo tipo de trabas legales hasta decidir, hace dos años, que “no merecía la pena” mantenerla abierta.
En su centro, Theard solo proporciona abortos por medicación hasta las diez semanas de gestación. Asegura que así puede ver rápidamente a cada paciente que le llama y evitar las largas listas de espera de otras clínicas que también ofrecen interrupciones de embarazo quirúrgicas.
A sus 73 años, el ginecólogo está buscando un doctor más joven que quiera encargarse de los abortos por cirugía en su clínica, pero no piensa en retirarse, y menos en el contexto actual: “Siento que tengo la obligación de seguir”, recalca.
También se plantea ampliar sus horarios ante el flujo de pacientes que puede desatar la decisión del Supremo, pero ya tiene una agenda apretada. En mayo atendió a 250 pacientes, unos quince cada día que estuvo abierto.
En el centro que dirige Miranda Aguirre en El Paso, los cálculos son otros. No hay planes de cerrar, porque también ofrece otros servicios de salud reproductiva, pero en el ámbito del aborto no podrán ser mucho más que un núcleo de información para derivar a los pacientes a clínicas en estados progresistas.
“Incluso si tienen que cruzar una frontera e ir a otro sitio, sabrán que no lo hacen solas”, garantiza Aguirre.
