Ciudad de México, 26 ene (EFE).- El Gobierno de México aclaró que el hackeo a los servidores de Presidencia se dio desde España usando una cuenta de un exfuncionario público y aclaró que se filtraron los datos personales de solo 263 periodistas que acuden a las conferencias matutinas, conocidas como ‘mañaneras’.
Asimismo, la secretaria de Gobernación (Interior), Luisa María Alcalde, dio a conocer en conferencia de prensa que se iniciará un juicio penal en contra de quienes resulten responsables y advirtió que pondrán a disposición de los afectados que así lo decidan el mecanismo de protección gubernamental a comunicadores.
Estas declaraciones se dan luego de que la consultora de seguridad SILKIN reveló el fin de semana que, en foros clandestinos, se filtró una base de datos del Sistema de Acreditación de Prensa de Presidencia, con detalles de más de 300 periodistas, incluyendo pasaportes, identificaciones, el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), direcciones y teléfonos.
Sin embargo, el vocero del Gobierno mexicano, Jesús Ramírez Cuevas, detalló en conferencia de prensa que no se trató de una filtración de datos, sino de una sustracción ilegal de información contenida en un sitio gubernamental y que se dio a través de una cuenta y contraseña de un funcionario que ya no labora al interior de la Administración pública.
“Lo que podemos señalar para precisar esta información que se extrajo ilegalmente y que es parcial afecta a 263 periodistas que vieron vulnerados sus datos; aunque en la base de datos hay 309 personas”, dijo.
Además, Ramírez precisó que, entre los datos expuestos de los comunicadores, se encontraban 186 credenciales de elector con datos de domicilio completo, 63 pasaportes, dos hojas curriculares, una licencia de Estados Unidos, una clave única de registro de población (CURP) y 10 documentos que expidió el Instituto de Migración a periodistas extranjeros.
Por su parte, el coordinador de Estrategia Digital Nacional, Emiliano Calderón, señaló que la vulneración a los sistemas gubernamentales se dio desde España, a través de una cuenta de usuario de una persona que ya no trabaja en el Gobierno de México desde hace casi dos años.
“Se utiliza una cuenta de usuario (de una persona) que ya no trabaja aquí (en el Gobierno mexicano) para extraer ilegalmente estos documentos; se identificó que el acceso a la aplicación durante la extracción fue desde direcciones IP registradas en España, es decir, que los datos a los cuales se tuvo acceso con esta contraseña de forma ilegal fue desde España y obviamente se está cooperando con todas las autoridades correspondientes en la investigación”, sostuvo.
También indicó que no se tuvo una alerta en los sistemas de protección contra estos ataques, ya que se utilizaron credenciales gubernamentales que no fueron dadas de baja en una plataforma de preproducción; aunque explicó que el aparato gubernamental cuenta con mecanismos de monitoreo y protección en la red.
Indicó también que este portal de donde se sustrajo la información de los 263 periodistas en el país fue dada de baja desde el pasado 26 de enero.
Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que esta vulneración había sido parte de una “red de opositores a la transformación”, es decir, a líderes vinculados con los partidos de oposición en México.
Sin embargo, Ramírez aclaró que esto fue una opinión personal del mandatario mexicano y aseguró que “la responsabilidad la va a determinar la autoridad correspondiente después de una investigación de los hechos”.
Ante estos hechos, la organización Artículo 19, que defiende la libertad de prensa, advirtió que “siendo México uno de los países más letales contra la prensa, con 163 periodistas asesinados y 32 desaparecidos, la filtración vulnera no solo su dignidad e intimidad, sino su seguridad física”.
