Miami, 29 ago (EFE).- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dijo este martes que la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, incurrió en un “abuso de privilegio” al haber pedido a la Corte Constitucional que silenciara las críticas a su gestión a través de redes sociales y elogió que su solicitud fuera rechazada.
Porras planteó un recurso de amparo al alto cuerpo judicial para que ordenara el uso de la fuerza pública en contra de manifestaciones públicas y silenciara las críticas a su gestión y la de sus allegados a través de las redes sociales, pero le fue denegado, indicó la SIP en un comunicado.
Michael Greenspon, presidente de la SIP, criticó la acción de Porras por considerarla un “abuso de privilegio” y porque, de haberse aprobado, se hubiera constituido en “un grave precedente contra la libertad de expresión”.
Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, agregó: “Estamos ante un contrasentido a las libertades de expresión y de asociación, dos ejes fundamentales que invoca el sistema interamericano como derechos humanos inviolables”.
Con la intención de preservar su seguridad y la independencia de su institución, Porras demandó que el presidente Alejandro Giammattei; el ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, y el director de la Policía Nacional Civil, Edwin Adriano López, usen la fuerza pública, cuando sea necesario y excepcionalmente, en contra de manifestaciones no pacíficas, para preservar su seguridad y la independencia de la institución a su cargo.
También solicitó protección para el jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, y para la fiscal Cinthia Monterroso.
Al procurador de los Derechos Humanos lo exhortó a pedir protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, Carlos Jornet, dijo que “es insólito que se pida protección a la CIDH cuando ha sido pública la violación sistemática de los derechos humanos y de los estándares interamericanos por parte de estos funcionarios”.
Porras, Curruchiche y Monterroso fueron incluidos el año pasado por el Departamento de Estado de Estados Unidos en su lista Engel, designada para señalar y sancionar a involucrados en actos de corrupción y ataques contra la democracia.
Greenspon y Jornet consideraron significativo el rechazo del amparo de Porras, ya que hubiera creado un precedente negativo para neutralizar y perseguir penalmente a quienes la critiquen, sean ciudadanos, periodistas, medios u organizaciones.
Los directivos de la organización con sede en Miami recordaron que, tal como establecen las declaraciones de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH y la Declaración de Salta de la SIP, los funcionarios públicos, elegidos o asignados, están expuestos a un mayor escrutinio de la sociedad y deben ser propensos a la crítica.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas y está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental.
