Tijuana (México), 5 ago (EFE).- Uno de los albergues para migrantes más icónicos de la frontera norte de México, el Desayunador Salesiano Padre Chava de Tijuana, está por cerrar tras más de 20 años de servicio, un hecho que ilustra el creciente flujo migratorio acompañado de menos recursos para la crisis humanitaria.
Ubicado a tan solo un kilómetro del puerto fronterizo de San Ysidro, el albergue es un referente por atender a la población vulnerable que confluye en la ciudad, a quienes además brinda atención médica, psicológica, legal y de aseo personal.
Claudia Portela, coordinadora del desayunador, compartió a EFE que, desde diciembre pasado, han disminuido las donaciones en alimentos y, sobre todo, en efectivo, lo que ha mermado sus operaciones, ha disminuido el personal que atiende a migrantes y ha impedido el pago de servicios básicos.
“No estamos recibiendo ingresos, sabemos que de por medio hay temas como la inflación en Estados Unidos y también la pandemia a nosotros nos perjudicó en cierta forma, pero fue notoria la baja en donaciones”, lamentó.
Portela expuso que cualquier atención a migrantes requiere de recursos económicos que a veces no tienen.
“Nosotros al recibir a esta población que llega con necesidad tenemos que brindarle la atención de cualquier manera, por eso el llamado de solidaridad a las personas”, expresó.
UN REFUGIO EN LA FRONTERA
La coordinadora del desayunador destacó que durante los 23 años de existencia del lugar siempre se han mantenido “gracias a la ayuda de la población y de la sociedad civil que se acerca”.
“Aquí adentro tenemos servicios médicos para todos ellos, tenemos abogados, psicólogos; brindamos despensas a las familias de bajos recursos, les ofrecemos duchas, sin contar a estas personas migrantes y los deportados que llegan todos los días, este es un espacio de atención digna para ellos”, expuso.
Lo que principalmente caracteriza al desayunador es la entrega de comida gratuita diaria, que en las últimas semanas oscila entre los 700 y los 900 platillos, pero en su momento de mayor apogeo entregaban hasta 2.000.
Lo relevante de esta labor, remarcó Portela, es que la comida la preparan los propios migrantes alojados en el albergue, que acoge a hombres, en su mayoría desplazados o deportados.
El desayunador además colabora como asociación civil con los gobiernos del municipio y del estado, así como con el Instituto Nacional de Migración (INM) para recibir a migrantes que llegan o deportan a la ciudad.
“No sólo a los extranjeros, sino a los que vienen del interior (de México) desplazados por violencia, las mujeres víctimas de violencia de género y los deportados mexicanos. Los recibimos, los atendemos lo más dignamente posible y, es cierto, cumplimos muchas veces un rol que el Gobierno no alcanza a cubrir” apuntó.
UN CIERRE ENTRE CRISIS
La situación refleja el panorama en las fronteras de México tras la expiración el 11 de mayo del Título 42 de EE.UU., una medida que expulsaba de manera inmediata a migrantes con el argumento de la pandemia, reemplazada ahora con el Título 8 y mayores restricciones al asilo legal.
Aunque tras el fin de esta política migratoria los encuentros irregulares de migrantes en la frontera de Estados Unidos cayeron un 50 % entre mayo y junio, hubo un aumento del 36 % entre junio y julio de la migración irregular de familias que viajan juntas, según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Sobre el riesgo de cerrar el lugar, Portela advirtió que “implicaría un efecto nocivo para la población” que atienden.
“Habría más personas con pobreza, habría más personas en situación de calle y, sobre todo, los estaríamos empujando a la delincuencia”, indicó.
“La ausencia de la presencia nuestra no solo implicaría una falta de alimento a las personas, que además es un derecho, también la falta de servicios de salud, de asesoría legal, de acceso a la justicia, de un albergue para esas personas migrantes que quedarían en la calle. El daño mayoritario lo tendrían las personas más vulnerables de nuestra sociedad”, añadió.
La coordinadora ha mantenido acercamientos con las autoridades del estado de Baja California y de Tijuana, a quienes solicitaron apoyo.
