Redacción EFE News, 2 ago (EFE).- La demanda judicial de una hondureña que acusa a un exagente de inmigración de EE.UU. de haberla violado durante siete años y de amenazarla con deportarla ha sido restablecida por una corte de apelaciones, después que un juez federal desechara el caso.
Un panel de la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito en Nueva York entregó su fallo este martes en el caso de la migrante indocumentada, quien no es identificada en la demanda.
La migrante alega que entre 2007 y 2014 el entonces oficial del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) Wilfredo Rodríguez la amenazó con la repatriación si se rehusaba a tener relaciones sexuales con él.
La hondureña, que conoció al agente en 2006 tras una visita que hizo a su hermano también indocumentado en un centro de ICE, señala en la demanda que durante ese periodo tuvo tres abortos al quedar embarazada de Rodríguez, quien pagó por uno de esos procedimientos.
Los asaltos dejaron a la migrante “tan desesperada y asustada” que intentó suicidarse tres veces. Las agresiones terminaron en 2014 después de que Rodríguez le informará que dejaría ICE, aunque en ese momento le dijo: “Si vas y arruinas mi vida, te mato”, según los documentos judiciales.
En julio de 2018, la migrante presentó un reclamo administrativo ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU., pero fue denegado, lo que le dio paso a una demanda civil contra Rodríguez y las autoridades de inmigración.
En marzo del año pasado la jueza federal Sarah A.L. Merriam desechó la demanda bajo el argumento de que la mujer la presentó después de que se cumpliera el plazo de prescripción.
Ahora el panel del Segundo Circuito, con sede en Manhattan, ha revertido la decisión de Merriam advirtiendo que la migrante había proporcionado pruebas suficientes para demostrar que había “razones extraordinarias” por las que sus reclamos no se presentaron dentro del plazo de prescripción.
En opinión del panel, los temores de la hondureña no eran infundados incluso después de que Rodríguez dejó ICE en 2014 porque él supuestamente la amenazó de muerte.
El panel encontró similitudes entre la demanda de la inmigrante y el caso de un funcionario de prisiones contra alguien bajo su custodia.
La acción legal busca “cambiar la forma como son tratados quienes cooperan con ICE por aquellos en una posición de poder, y que a menudo ejercen un control total sobre la capacidad de permanecer en Estados Unidos”, explicó el abogado George Kramer, que representa a la indocumentada.
